Quito.- La Comisión Legislativa de Ecuador, que hace las veces de Parlamento en el periodo de transición hasta las próximas elecciones, aprobó hoy la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria que garantiza "la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente".
La Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria de Ecuador garantiza "la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente". EFE/Archivo
En un comunicado, la institución informó de que en segundo debate con 49 votos a favor, dos negativos, tres en blanco y 11 abstenciones los asambleístas aprobaron la "ley marco que permitirá establecer normas generales sobre la soberanía alimentaria".
La ley hace "menciones específicas a la equidad de género como principio que debe guiar el conjunto de las políticas de fomento a la producción, así como una preferencia para los pequeños y medianos productores y mecanismos que refuercen su asociatividad e integración de las pequeñas propiedades".
Por otro lado, el texto hace hincapié en que la nueva normativa "garantiza el respeto a los derechos de la naturaleza y el manejo de los recursos naturales, bajo los principios de sostenibilidad ambiental y las buenas prácticas de producción".
Otros aspectos que establece la ley son, según el comunicado, el desarrollo de la investigación científica en materia agroalimentaria, la disposición de incentivos para los pequeños y medianos productores, la creación de un seguro agroalimentario y la promoción del consumo de productos nacionales entre otros.
Asimismo, la ley prevé la formación del Consejo Consultivo para la Soberanía Alimentaria, integrado por seis representantes del Gobierno y seis de la sociedad civil, para que en un plazo de 180 días después de su conformación, elabore una propuesta integral que desarrolle la concreción de la ley aprobada.
De este modo, el Consejo Consultivo tendrá que regular temas como "el uso y acceso a las tierras, la agrobiodiversidad, el desarrollo agrario; la agroindustria y el empleo agrícola; la sanidad animal y vegetal; el acceso de los campesinos e indígenas al crédito público, y el seguro y subsidio alimentario", afirma el comunicado.
La ley pasa ahora a manos del Gobierno que, en un máximo de 30 días la ratificará, o en caso contrario, si la veta total o parcialmente la devolverá a la Comisión Legislativa para nuevos debates.
Si el Ejecutivo la aprueba se ordenará su publicación en el Registro Oficial.
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