Managua.- El líder opositor nicaragüense, Eduardo Montealegre, solicitó hoy a la Contraloría General de la República un informe por autorizar al Ejecutivo, durante el 2008, la contratación directa de diversos proyectos por un monto de 2.700 millones de córdobas (unos 135,2 millones de dólares).
Según Montealegre, el que la fiscalía de cuentas permita al Ejecutivo la exclusión de procedimientos de ley, para evitar que los proyectos sean licitados, "se presta a menor competencia". EFE/Archivo
Montealegre, diputado liberal disidente en la Asamblea Nacional, envió una carta a los cinco contralores exigiendo las "razones" por las cuales autorizaron al Gobierno de Daniel Ortega la exclusión de procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado para contratar 244 proyectos el año pasado, sin ninguna licitación.
El presidente del "Movimiento Vamos con Eduardo" anotó que esas contrataciones realizadas por instituciones del Estado representan más del 25 por ciento del presupuesto de inversión pública aprobado en el presupuesto de la nación del 2008.
En la misiva Montealegre advierte que "de ser veraces dichos datos, se estaría poniendo de manifiesto que las instituciones del Estado, con la aprobación de la Contraloría (fiscalía de cuentas), han estado violentando abiertamente la Ley de Contrataciones del Estado, al hacer de las compras directas, no una excepción como establece la ley, sino una regla general en las contrataciones públicas".
"A nuestro juicio es injustificable", sostuvo Montealegre, líder de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN).
El líder opositor, que fue el segundo candidato más votado en las elecciones presidenciales que ganó el sandinista Ortega en noviembre de 2006, sostuvo que "solamente cuando azotó a Nicaragua el huracán Mitch (en 1998) hubo mayor monto de exclusión de procedimientos, que hoy".
"En ningún otro período ha habido ese monto bajo exclusión de procedimientos y es injustificable", insistió.
Según Montealegre, el que la fiscalía de cuentas permita al Ejecutivo la exclusión de procedimientos de ley, para evitar que los proyectos sean licitados, "se presta a menor competencia y a que se favorezcan a empresas que son relacionadas con ministros, viceministros o miembros del Gobierno".
El vicepresidente de la fiscalía de cuentas, el sandinista Luis Ángel Montenegro, acusó "a los medios de comunicación de la derecha de impulsar una campaña mediática y política contra esta institución y la administración de Ortega en el tema de las licitaciones y contrataciones directas", según un boletín distribuido hoy por el Gobierno de Managua
"Desde la administración de Violeta Barrios de Chamorro (en 1990), la Contraloría emite exclusión de procedimientos (exonera de licitaciones) para ayudar a impulsar del desarrollo de obras de infraestructura, obras que ahora serán cuadruplicadas en este Gobierno", añade la nota.
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