La Ley de Caducidad, en el ojo del huracán electoral uruguayo

Montevideo.-  El debate sobre la Ley de Caducidad que dejó sin castigo a los responsables de la represión durante la dictadura uruguaya (1973-1985) se ha convertido en el protagonista inesperado de la precampaña a los comicios que Uruguay celebra el próximo 25 octubre.

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(EFE)

La fiscal Mirtha Guianze reclamó en 2008 que se declaren inconstitucionales varios artículos de la Ley de Caducidad que impide juzgar a los autores de violaciones de los derechos humanos en los tiempos de la dictadura (1973-1985). EFE/Archivo

La oposición uruguaya acusó hoy al Gobierno del Frente Amplio de usar para su provecho político el debate parlamentario convocado para el próximo miércoles sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos de esta Ley promulgada en 1986 y considerada por algunos como una "amnistía" a los acólitos de la dictadura.

"Está claro que el Frente está impulsando una estrategia de cara a las elecciones. Por eso pretende volver a centrar la atención en este tema", dijo el senador Gustavo Penedes, del opositor Partido Nacional o Blanco en declaraciones al diario digital Observa.

Ayer, a iniciativa del Frente Amplio, el vicepresidente del país y presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, convocó para el próximo miércoles una sesión extraordinaria de este organismo que reúne a las dos cámaras del Legislativo a fin de debatir la Ley de Caducidad.

El pasado martes el Gobierno del izquierdista Frente Amplio avaló la inconstitucionalidad de los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad en su aplicación al caso concreto del asesinato de una militante comunista asesinada en 1974.

La Ley de Caducidad, refrendada en una consulta popular en 1989, ha impedido el enjuiciamiento de militares y policías que participaron en la represión de los opositores en los años de la dictadura uruguaya.

La aceptación de una excepción en la aplicación de esta Ley puede abrir las puertas a los juicios de esos autores de delitos contra los derechos humanos.

El debate del miércoles en la Asamblea General es defendido por el Frente Amplio, mayoritario en ambas cámaras, pues los grupos opositores, el Partido Nacional y el Colorado, son contrarios a un examen que consideran una facultad exclusiva del Poder Judicial.

La Ley de Caducidad "fue doblemente ratificada, primero por el Parlamento y después en el plebiscito realizado en 1989", señaló hoy el diputado Daniel García Pintos, del también opositor Partido Colorado.

Añadió que el Gobierno utiliza un "doble discurso", pues con anterioridad el propio presidente del país y líder del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, había indicado que no se iba a derogar la Ley de Caducidad.

El Frente Amplio "siempre le ha sacado rédito político" al tema de los derechos humanos, dijo García Pintos.

"El debate va a ser político y no jurídico", dijo por su parte el senador blanco Carlos Moreira a la cadena de radio El Espectador.

Si al igual que hizo el Gobierno, el Poder Legislativo avala la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en el caso presentado por la fiscal Mirtha Guianze, entonces será la Suprema Corte de Justicia la encargada de emitir su dictamen, pues la decisión de la Asamblea General no es vinculante.

"Quien declara la inconstitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia", afirmó a la prensa Nin Novoa, para quien, no obstante, el debate en el Legislativo será muy útil.

"Me parece que es una actitud democrática, en donde todo el mundo puede participar, expresar sus opiniones y debatir un tema que, sin lugar a dudas, está mal solucionado desde hace más de 25 años", dijo en declaraciones recogidas por radio El Espectador.

Sin embargo, según dijo el senador opositor Gustavo Penadés, el debate tiene "un componente de carácter jurídico que no queda claro", pues la Carta Magna del país no concreta que el Poder Legislativo tenga que expresarse sobre la constitucionalidad de las leyes.

Paralelo al debate político, la Ley de Caducidad sigue estando en las calles, de manos de las organizaciones de derechos humanos y grupos partidistas que recolectan firmas para pedir su abolición.

Hasta el momento se han reunido más de 205.000 firmas de las 250.000 necesarias para convocar un referéndum sobre la derogación.

El plazo legal para la presentación de las firmas culmina a fin de abril, y si la campaña tiene éxito el referéndum podría ser convocado precisamente para el 25 de octubre, el mismo día que las elecciones.