Quito.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró hoy que Max Sullivan, primer secretario de la embajada de EE.UU. expulsado del país, era el "director de la CIA" en esta nación y negó que la acción contra el extranjero pretenda desviar investigaciones de un caso de narcotráfico.
La salida de Sullivan se suma a la del agregado de la misma Embajada, Armando Astorga, quien también fue expulsado por el Ejecutivo. EFE/Archivo
"Hemos expulsado del país a este señor (Max) Sullivan, de la embajada estadounidense, que, hablemos claro, era el director de la CIA en Ecuador", dijo Correa en su informe semanal de labores.
Calificó como una "barbaridad" que el ex funcionario haya ordenado el retiro de computadores con datos sobre seguridad interna donados por Estados Unidos a una unidad policial.
Los ordenadores se retiraron después de suspender la ayuda económica a la dependencia policial una vez que Quito se negó a coordinar con Estados Unidos la designación de las autoridades de esa unidad policial.
"La Embajada se pone brava porque ellos son los acostumbrados a poner al comandante" policial y "por eso es que se llevan las computadoras y se ha armado todo ese escándalo", indicó Correa.
Negó que tanto un reciente cambio de jefes policiales o la expulsión de Sullivan y la orden en el mismo sentido hace quince días contra otro funcionario estadounidense sean una maniobra para desviar las investigaciones por narcotráfico contra una supuesta red a la que se vincula con las FARC.
"Dicen que estamos removiendo gente para que no se investigue. (...) Investiguen lo que les de la gana, no tenemos nada que esconder", añadió el gobernante.
La embajada de Estados Unidos en Ecuador confirmó ayer la salida del país de Sullivan, a quien el Gobierno ecuatoriano le había dado un plazo de 48 horas para que abandonara el país por "una intromisión inaceptable en los asuntos internos" de la nación.
El pasado 18 de febrero, el Gobierno hizo pública la expulsión "inmediata" de Sullivan por su injerencia en asuntos de seguridad de Ecuador, concretamente en la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES).
La salida de Sullivan se suma a la del agregado de la misma Embajada, Armando Astorga, quien también fue expulsado por el Ejecutivo después de que se revelara una carta en la que daba por finalizado un convenio "verbal" e "informal" con algunas unidades de la Policía.
Poco después de que Correa ordenase la expulsión de Astorga el pasado 7 de febrero, la embajada confirmó que éste había salido del país a finales de enero como parte de un cambio rutinario de personal.
La tesis del Gobierno de Correa es que como país "soberano" no puede permitir la intromisión de autoridades de otros países en asuntos internos y, con estas medidas, pretende transparentar los acuerdos de cooperación internacional en todos los ámbitos.
El pasado 2 de febrero Correa ordenó a las unidades policiales que devolvieran a la embajada todo el material que le había sido donado por la representación diplomática, pero en el trámite no sólo se entregaron vehículos y ordenadores sino también información reservada.
Ante eso, el Gobierno decidió iniciar una investigación que, por el momento, señala como responsables a un mayor y a tres capitanes de la Policía local.
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