Dos promotores y varios de sus familiares, entre los trece detenidos

Madrid/Málaga.-  Los dueños de dos promotoras ubicadas en la comarca malagueña de la Axarquía y algunos de sus familiares figuran entre los trece detenidos en la operación "Arcos" contra la corrupción urbanística en la que ha sido arrestado el alcalde de Alcaucín (Málaga), José Manuel Martín (PSOE).

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(EFE)

El alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, ha sido detenido hoy por la Guardia Civil, junto a otras 12 personas, en una operación contra la corrupción urbanística que se está desarrollando en el municipio andaluz. Entre los detenidos están dos hijas del alcalde y el jefe del servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga.

Fuentes de la investigación han informado a Efe de que se trata del propietario de la empresa Crocasa S.L, de su hija y su yerno, y del dueño de la inmobiliaria Alta Axarquía y de una hija suya.

Crocasa es una sociedad limitada dedicada a la promoción inmobiliaria con sede en Alcaucín, mientras que la sede de Alta Axarquía S.L. figura en Vélez-Málaga.

Ecologistas en Acción de la Axarquía mostró en febrero de 2007 sus "sospechas" de la existencia de una relación "excesivamente benefactora" del Ayuntamiento con Crocasa relacionada con una recalificación de suelo, y ya anunció que esos hechos los estaba investigando la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga.

La operación de la Guardia Civil ha destapado una trama organizada que se dedicaba presuntamente a construir urbanizaciones y viviendas aisladas sobre suelo no urbanizable en la comarca malagueña de la Axarquía.

La trama, en la que también han sido detenidos un empresario en Huelva, dos hijas del alcalde de Alcaucín, dos arquitectos y un intermediario, supuestamente promocionaba, construía y luego comercializaba las viviendas, principalmente a extranjeros.

Las pesquisas de los agentes apuntan a que los empresarios dedicados a esta actividad pagaban presuntamente diversas cantidades de dinero y en especie a los cargos públicos que supuestamente consentían, encubrían e incluso impulsaban tales irregularidades.

Posteriormente, trataban de legalizarlas mediante informes y certificados falsos expedidos por arquitectos titulados, a través de los cuales se conseguía alterar las correspondientes inscripciones catastrales y registrales de las fincas.

A los detenidos se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa.