Madrid.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu seguirá instruyendo el caso sobre el ataque israelí en la franja de Gaza del 22 de julio de 2002, en el que murieron quince personas, ya que de la documentación facilitada por el Estado hebreo se desprende que allí no hubo una investigación judicial.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que seguirá instruyendo el caso sobre el ataque israelí en la franja de Gaza del 22 de julio de 2002.
Así lo han informado hoy fuentes jurídicas, que han señalado que el magistrado recibió la semana pasada una traducción no oficial -elaborada por la propia Embajada de Israel en España- de la documentación, unos 300 folios en inglés y en hebreo, que el Gobierno de Tel Aviv le remitió el pasado 30 de enero, cinco meses después de que Andreu se la solicitara.
A falta de la traducción oficial, las fuentes consultadas aseguran que la conclusión que se extrae de los documentos es que en Israel nunca tuvo lugar una investigación judicial sobre el ataque, en el que murieron un líder de Hamás y catorce civiles, por lo que Andreu considera que es competente para seguir adelante con la instrucción.
Cuando tuvieron lugar los hechos, tanto el procurador de las Fuerzas Armadas (fiscalía militar) como el asesor legal del Gobierno se opusieron a una investigación de los hechos, decisión que fue recurrida ante la Corte Suprema de Justicia por un movimiento pacifista y un grupo de escritores israelíes.
Finalmente, la Corte Suprema acordó que no procedía abrir una causa judicial tras recibir el informe de una comisión de investigación designada por el Gobierno que concluyó que lo sucedido en Gaza fue un ataque preventivo y que los daños colaterales estuvieron justificados.
Así, el juez Andreu prevé tener preparada en unos diez días una comisión rogatoria que enviará a Israel para dar traslado de la querella a los imputados, que son el ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y seis militares, y poder citarles para tomarles declaración.
La querella fue interpuesta por el Centro Palestino para los Derechos Humanos por el lanzamiento desde un avión de combate israelí, un F-16, de una bomba de una tonelada en el barrio de Al Daraj de Gaza contra la casa del dirigente de Hamás Salah Shehade, que se saldó con su muerte y la de catorce civiles -la mayoría niños y bebés- e hirió a 150 personas.
En el auto en el que admitió a trámite la querella, Andreu afirmaba que ese ataque "contra la población civil" fue "producto de una acción que se adivina como claramente desproporcionada o excesiva" y advertía de que, "si en el curso de este procedimiento se prueba" que responde a "una estrategia preconcebida", podría dar lugar a una calificación "más grave" de los hechos.
En esa resolución, el juez anunciaba también que cursaría otra comisión rogatoria a la Autoridad Nacional Palestina para poder desplazarse a la franja de Gaza a tomar declaración a los querellantes, testigos y víctimas del ataque.
Entre los imputados figuran, además del ex ministro de Defensa, su ex asesor militar, Michael Herzog, el ex jefe del Estado Mayor general Moshé Yaalón, y el comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes cuando se produjo el ataque, Dan Halutz.
También están el general al mando del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa, Doron Almog, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad y Asesor Nacional de Seguridad, Giora Eiland, y el director del Servicio General de Seguridad, Abraham Dichter.
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