Bogotá.- Los paramilitares colombianos desmovilizados reconocieron que 2.133 menores de 18 años fueron víctimas de sus delitos en los últimos 15 años en diferentes partes del país, informó hoy la Fiscalía General de la Nación.
Entre las confesiones de los paramilitares desmovilizados en Colombia, está el asesinato de 66 niños y 24 niñas, el reclutamiento ilícito de 540 niños y 41 niñas. EFE/Archivo
Una fuente de la institución dijo a Efe que las cifras están contenidas en un informe entregado este martes por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que lo había solicitado.
Según el documento, entre las conductas punibles más confesadas por los paramilitares desmovilizados están el reclutamiento forzado, la desaparición forzada, los homicidios y las lesiones personales.
Entre las confesiones, está el asesinato de 66 niños y 24 niñas, el reclutamiento ilícito de 540 niños y 41 niñas, el desplazamiento forzado de 600 niños y 657 niñas, la desaparición forzada de 14 hombres y 3 mujeres, al igual que actos sexuales violentos (violación) cometidos contra dos mujeres menores de 18 años.
De acuerdo con las declaraciones de los implicados, también reconocen 79 víctimas menores de un año.
Por rango de edades, los menores más afectados fueron los de 17 años, que registran 320 víctimas; 171 de 16 años y 120 de 15 años.
En cuanto a diligencias de exhumaciones en las que hay presencia de restos de menores de edad, los departamentos en donde se han presentado el mayor número son Madgalena (norte) y Meta (centro), con 18 cuerpos cada uno; le siguen Putumayo, con 13, y Antioquia, con 10.
Según sus propias versiones, el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias "El alemán", participó en 395 casos de reclutamiento ilícito, mientras que el también ex líder Ramón Isaza, "El viejo", se "apunta" 87 casos.
En desplazamientos forzados, Edgar Ignacio Fierro, alias "Don Antonio", reconoce 296; José Gregorio Mangonez, alias "Carlos Tijeras", 543, y Omar Enrique Osías, 480.
El Gobierno colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) celebraron un proceso de paz que permitió la desmovilización de más de 31.000 combatientes entre 2003 y 2006.
Las AUC reunían a los escuadrones de justicia privada que actuaban en zonas rurales para combatir a las guerrillas y que cometieron múltiples crímenes de lesa humanidad.
Una parte de los desmovilizados se sometieron a la "ley de justicia y paz", que los obliga a confesar todos sus delitos y entregar bienes adquiridos ilícitamente para reparar a sus víctimas.
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