El Parlament aprueba una ley que obligará a mejorar urbanizaciones con carencias

Barcelona.-  El Parlament ha aprobado hoy el proyecto de ley de mejora de urbanizaciones con déficit urbanísticos, que obligará a que urbanizaciones construidas entre 1956 y 1981, y pensadas en un principio como segundas residencias, solventen sus carencias en materia de servicios y de urbanización.

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(EFE)

Imagen de una urbanización de Barcelona. EFE/Archivo

Una parte importante de aquellas urbanizaciones se promovió y comercializó sin el proceso adecuado de parcelación, planteamiento urbanístico, previsión de servicios, dotaciones de saneamiento o suministro energético, por lo que la ley intenta corregir esta situación.

En especial, la ley va destinada especialmente a las áreas residenciales de baja densidad que están alejadas de núcleos urbanos.

Para favorecer que se ejecuten obras pendientes en esas urbanizaciones, el Govern creará un fondo económico, dotado cada año con 10 millones de euros.

Con ese dinero financiará la redacción, por parte de los ayuntamientos catalanes, de unos treinta "programas de adecuación" cada año consistentes en la elaboración de planes urbanísticos y proyectos de urbanización.

Además, se darán préstamos a los ayuntamientos para ayudarles a ejecutar y acelerar las obras de urbanización previstas en esos planes, unos préstamos que la ley prevé que cada ayuntamiento devuelva con las cuotas de urbanización que tendrán que pagar los propietarios.

Sin embargo, los parcelistas deberán correr con los gastos de mejora en las urbanizaciones, aunque las personas mayores que tengan unos recursos mínimos, las familias numerosas y las monoparentales se podrán beneficiar de una línea de "créditos sin interés" dotada cada año con 3,2 millones de euros.

Precisamente la falta de ayudas económicas a los parcelistas ha sido el principal motivo alegado por la oposición para no apoyar el proyecto de ley, que se ha aprobado con 69 votos a favor, 47 en contra (CiU) y con 17 abstenciones (PPC y Ciudadanos), si bien la oposición ha apoyado algunas partes del texto.

Según ha asegurado el conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, actualmente hay en Cataluña unas 2.000 urbanizaciones en diversa situación de "irregularidad", con capacidad para 600.000 personas.

Ha destacado la urgencia de "poner orden" en estas urbanizaciones creadas en los años sesenta o setenta pensadas como segunda residencia y que ahora se usan en muchos casos como vivienda habitual.

El conseller ha precisado que no hay un plazo fijado para que las urbanizaciones se adapten a la ley, y que la idea es ir solventando poco a poco esta problemática "tan extendida".

En muchos casos apenas se ha desarrollado la mitad de la edificación que se permitía en las parcelas, por lo que la ley prevé reducir, cuando sea posible, la superficie de urbanizaciones que no se han llegado a desarrollar a lo largo de los años o incluso revertir los terrenos a su condición anterior de suelo no urbanizable.

En nombre de CiU, el diputado Joan Raventós ha afirmado que el proyecto de ley es un "primer paso" en la resolución de los problemas de los parcelistas, pero que se queda "corto".

En especial, ha censurado que el Govern no dé "ninguna ayuda a fondo perdido" a los parcelistas para afrontar el coste de las urbanizaciones donde viven.

En la misma línea, el diputado del PPC Josep Llobet ha lamentado que no se ofrezca una partida de ayudas al estilo de la ley de barrios, mientras que José Domingo (Ciudadanos) ha opinado que la buena finalidad de la norma contrasta con lo "reducido" de los recursos económicos previstos.

Por su parte, el diputado del PSC Roberto Labandera ha criticado que CiU no apoye un proyecto de ley que "no tuvo la valentía de afrontar" en su etapa de gobierno.

El diputado de ERC Pere Bosch ha asegurado que Cataluña no puede continuar con unas urbanizaciones con carencias que son "paradigma de la insostenibilidad" y Dolors Clavell (ICV-EUiA) ha criticado que CiU se desentienda de una ley como ésta.