El ex alcalde afirma que actuó siguiendo la directriz del secretario y sin maldad

Benidorm (Alicante).-  El ex alcalde de Pego Carlos Pascual ha dicho hoy, en el juicio abierto contra él por suspender de empleo y sueldo a un sepulturero del municipio, que actuó siguiendo las directrices del secretario municipal y "sin ánimo de hacer nada malo".

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(EFE)

El ex alcalde del municipio alicantino de Pego, Carlos Pascual (d), en prisión desde mayo de 2007 por un delito medioambiental, a su llegada a los juzgados de Benidorm (Alicante), donde ha tenido que declarar hoy para responder a un presunto delito de prevaricación por unos hechos ocurridos en 2001.

Pascual, que cumple condena de cárcel por un delito ecológico en el parque natural de la marjal Pego-Oliva, ha acudido al juzgado de lo Penal número 3 de Benidorm para responder ante un presunto delito de prevaricación por unos hechos ocurridos en 2001.

Según el auto, Pascual abrió un expediente disciplinario a 18 policías locales y al sepulturero municipal por participar a título privado a una concentración vecinal.

En su declaración, ha asegurado que en aquella protesta se dirigieron "insultos y amenazas" contra él, y ha recalcado que la misma "no estaba autorizada".

A raíz de los expedientes disciplinarios, el sepulturero fue "suspendido de empleo y sueldo" al considerar que había abandonado su puesto de trabajo para acudir a esa concentración.

El trabajador, que llevó a cabo una huelga de hambre durante seis días, emprendió acciones judiciales y tanto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante como el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anularon la sanción, al considerarla "arbitraria", y obligaron al Ayuntamiento de Pego a restituir al funcionario en su puesto.

El ex alcalde de Pego, que ha sido el primero en declarar, ha sido trasladado a la sala custodiado por agentes de la Guardia Civil y sin esposar.

Ante el juez, Pascual, tras asegurar que en todo momento actuó siguiendo las directrices del "secretario municipal", ha afirmado que no tomó la decisión" de suspender de empleo y sueldo "con ánimo de hacer nada malo".

El Ministerio Fiscal ha pedido una pena de "nueve años de inhabilitación" por un presunto delito de prevaricación, petición a la que se ha sumado la acusación particular, quien además pedía "cuatro años de cárcel" por un delito de "coacciones y amenazas".

El juez, sin embargo, no ha atendido esta última petición.

La defensa del ex alcalde ha pedido "la libre absolución" al entender que Pascual "no tiene conocimientos de Derecho" y no actuó con intención de causar "un dolo directo".

También ha declarado ante el magistrado el sepulturero municipal, en calidad de denunciante, quien ha asegurado que el 28 de febrero de 2001 disfrutaba de "un día libre" y que, por tanto, no faltó al trabajo.

Esta afirmación ha sido ratificada por el otro sepulturero municipal, quien ha asegurado que firmó un documento a instancias de Pascual en el que se aseguraba que su compañero estaba trabajando.

No obstante, poco después, el sepulturero presentó ante notario otro documento desdiciéndose de su anterior declaración.

También ha comparecido como testigo la ex edil de Cultura e instructora del expediente administrativo, Ana Oltra, quien ha asegurado que también actuó asesorada por el secretario", quien, a pesar de esta citado, no ha acudido al juicio.