Granada.- El empresario granadino José Ávila Rojas, propietario de la promotora Naviro Inmobiliaria, que ayer empezó a demoler una construcción ilegal en Marbella (Málaga), ha instado hoy a las administraciones a que agilicen la tramitación del nuevo PGOU para que haya "reglas de juego legales" a las que atenerse.
El empresario José Ávila Rojas en la Audiencia Provincial de Granada. EFE/Archivo
En declaraciones a Efe, Ávila Rojas ha considerado fundamental para que se retome la actividad en la localidad malagueña que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana salga adelante "lo antes posible" a fin de que pueda avanzarse en la regularización de los proyectos paralizados para poder así iniciar de nuevo su desarrollo.
"El PGOU es lo más necesario en estos momentos para poder contar por lo menos con unas reglas de juego legales con la que sepamos a lo que atenernos", ha manifestado el empresario granadino.
Ávila Rojas, procesado en el caso Malaya contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Marbella, se ha referido a la inactividad que, dice, se registra actualmente en la localidad malagueña para manifestar que "trabajando se pueden recuperar cosas, pero sin trabajar lo único que haces es perder, perder y perder".
Estas declaraciones se producen después de la que la promotora Naviro Inmobiliaria, de su propiedad, empezara ayer a demoler la estructura de una construcción en Marbella que estaba en situación ilegal y que no iba a ser regularizada en el nuevo PGOU.
La empresa inició los trabajos en la zona de Río Real, utilizando para ello maquinaria especializada, en cumplimiento de la orden dictada por el Ayuntamiento de Marbella el 9 de septiembre de 2008.
Aunque la orden está recurrida, la promotora ha decidido iniciar el derribo de esa edificación, en cuya construcción llevaban gastados unos 2,7 millones de euros cuando se decretó su paralización, antes de que lo hiciera el Ayuntamiento, según Ávila Rojas.
El empresario calcula que el derribo, que podría alargarse entre 10 y 15 días, supondrá a su promotora un coste cercano a los 100.000 euros.
La orden municipal que establecía el derribo de esa construcción también decretaba la demolición de otra estructura en Lindavista Alta, en el núcleo población de San Pedro de Alcántara, perteneciente a la promotora Provasi, que al igual que en el caso de Naviro, está deshabitada.
La edificación de Naviro Inmobiliaria S.L. se encontraba en zona verde y pasará a ser zona de equipamiento en el nuevo PGOU, mientras que en el caso de la construcción de Provasi, se trata de una zona verde que permanecerá como tal en el futuro documento urbanístico.
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