La Paz.- El ex presidente de la petrolera estatal boliviana YPFB Santos Ramírez, preso desde hace un mes por el caso de corrupción que afecta a esa empresa, pide su libertad porque no se ha probado que haya causado daño al Estado, informó hoy su abogado, Víctor Borda.
Fotografía del pasado 9 de febrero en la que se ve al ex presidente de la petrolera estatal boliviana YPFB Santos Ramírez (d), quien, tras un mes de prisión, pide su libertad porque no se ha probado que haya causado daño al Estado. EFE/Archivo
Según el defensor, los fiscales que investigan la presunta red de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no han comprobado un daño económico al Estado con la suscripción de un contrato con la empresa boliviano-argentina Catler Uniservice.
De hecho, ese contrato, para la construcción de una planta de gas por un valor de 86 millones de dólares, no ha sido anulado por el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, que también es interventor de la compañía para su investigación.
Borda dijo al canal de televisión ATB que el Ministerio Público de oficio debería ser el que pida el fin "de la detención preventiva" después del tiempo transcurrido en la investigación sin haber probado el delito del que se acusa a Ramírez.
El escándalo de corrupción estalló a fines de enero pasado cuando el empresario boliviano Jorge O'Connor D'Arlach fue asesinado por un banda que le robo 450.000 dólares cuando ingresaba con esa suma en efectivo a la casa de unos familiares de Ramírez.
Ramírez fue destituido y encarcelado el 12 de febrero pasado cuando crecieron las sospechas de que esa suma era para pagarle una comisión ilegal de parte de O'Connor por la adjudicación de ese contrato a mediados del año pasado.
Entonces, la Fiscalía dijo que la empresa Catler Uniservice no estaba preparada para firmar un contrato de esa magnitud y había sido constituida de forma irregular para esa adjudicación.
El abogado Borda dijo que, pese a esas denuncias, ni el Gobierno ni YPFB han mostrado "la mínima intención de rescindir el contrato" por lo cual, a su juicio, no se puede atribuir a Ramírez el delito de haber cometido daños al Estado, ni de firmar convenios lesivos.
"Se ha imputado con simples conjeturas", sostuvo el abogado al señalar que la detención puede ser considerada "política" porque, según dijo, Ramírez tiene enemigos internos y externos.
Catler Uniservice subcontrató a la estadounidense Gulsby y a otra empresa argentina para la construcción de la planta de gas y, según ha verificado el Gobierno con distintos viajes, esas compañías siguen con la construcción de la infraestructura.
El Ejecutivo ha señalado que evalúa la situación del contrato que fue firmado entre Ramírez y Catler Uniservice porque una eventual rescisión puede poner en riesgo la construcción de esa planta.
La instalación se construirá en la región de Santa Cruz y debe permitir la extracción de los combustibles líquidos del gas natural exportado a Brasil para su aprovechamiento en Bolivia.
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