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deuda historica

27 Años de reclamación, recursos y contradicciones políticas

EFE
Actualizado 14-03-2009 12:21 CET

Sevilla.-  Andalucía y el Gobierno pondrán este lunes fin a 27 años de reclamaciones, contradicciones, recursos jurídicos y a una reivindicación utilizada como arma política: la deuda histórica quedará cuantificada en una cantidad superior a los 1.200 millones, un acuerdo que ni mucho menos satisface a todos.

(EFE)

Once años después, en 2007, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, firman un acuerdo y la comunidad recibe otro anticipo a cuenta de 300 millones de euros. EFE/Archivo

Pese al temor del Gobierno andaluz de que la deuda histórica no se entienda bien en Madrid y en otras comunidades, la "criatura" tiene ya 27 años y es "hija" del llamado bloque constitucional.

Andalucía debió recibir a partir de 1982, desde que entró en vigor el primer Estatuto de Autonomía, cantidades excepcionales de financiación por parte del Estado para garantizar la prestación de un nivel mínimo de los servicios transferidos por ser una región subdesarrollada (disposición adicional segunda del Estatuto).

Esos recursos debían ser fijados para cada ejercicio en la comisión mixta Estado-Junta.

Por primera vez, en 1996, la presupuesta el Gobierno de Felipe González y la paga, en 1997, el de José María Aznar. Andalucía recibe entonces 120 millones de euros.

Once años después, en 2007, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, firman un acuerdo y la comunidad recibe otro anticipo a cuenta de 300 millones de euros.

En este periodo de tiempo, la deuda histórica ha sido también una "herramienta" de confrontación y de contradicciones políticas entre los dos principales partidos andaluces.

El PSOE andaluz comenzó a reclamarla con insistencia en la IV legislatura (1994-1996), cuando, con un gobierno en minoría parlamentaria, Manuel Chaves plantea esta reivindicación ante Madrid, después de acordar con IU, según esta formación, una cuantificación anual de unos 50.000 millones de pesetas anuales (unos 300 millones de euros).

La demanda del Ejecutivo andaluz socialista se incrementa, sin embargo, durante los próximos ocho años (1996-2004), periodo en el que el Gobierno central es desempeñado por el PP, que incluso llega a cuestionar la viabilidad de la deuda histórica.

La confrontación provoca que la Junta decida consignar en sus presupuestos 120 millones por este concepto, dinero que nunca llegó, y que el PSOE solicitó, sin éxito, en el Congreso para su inclusión en los presupuestos estatales.

Con la oposición del PP andaluz, el Parlamento autonómico recurre por este motivo las cuentas estatales de 1997, 1998 y 1999 ante el Tribunal Constitucional (TC).

Sin embargo, el TC rechaza el recurso al concluir que el Estatuto de Autonomía "no puede obligar" al Estado a consignar estas partidas "si no se ha alcanzado acuerdo" entre el Estado y la comunidad autónoma en la comisión mixta a la que se refiere el Estatuto.

El Parlamento de Andalucía no aprobó nunca una cantidad sobre la deuda histórica, pero en una proposición no de ley el PSOE cifra en 2003 la cantidad de 1.148 millones de euros.

El punto de inflexión lo aporta el nuevo Estatuto de Autonomía que, respaldado por PSOE, PP e IU y rechazado por el PA, le pone principio y fin a la deuda histórica: en 18 meses desde la entrada en vigor del nuevo Estatuto tiene que estar cuantificada (el plazo acabó el 19 de septiembre de 2008) y abonada en tres años (marzo de 2010). También establece la posibilidad de anticipos de tesorería.

"La deuda histórica la firmaremos antes del 20 de marzo y la cerraremos en una cantidad superior a los 1.200 millones", ha repetido esta semana el Gobierno andaluz.

Una vez más, el anuncio ha encendido las alarmas de la oposición - PP-A e IULV-CA- que hablan de "estafa, de traición" política al Estatuto y Andalucía e incluso, como en el caso de IU, de declararse "insumisos" al acuerdo que intentarán cerrar el lunes la Junta y el Gobierno en el Ministerio de Administraciones Públicas.

Por Francisco Javier Utrero

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