Entra en vigor la reforma venezolana que recorta los poderes de los gobiernos regionales

Caracas.-  La reforma a la Ley de Descentralización entra en vigor hoy en Venezuela, lo que permitirá al Gobierno central retomar el control de los puertos, aeropuertos y vías de comunicación que considere de interés nacional, y recortará las potestades regionales.

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(EFE)

Según Chávez, esta reforma impedirá que "la República se desmembre" y que los gobiernos regionales se conviertan en "republiquitas" autónomas dentro del Estado. EFE/Archivo

La reforma, aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, quedará vigente tras su publicación en la Gaceta Oficial, prevista para este miércoles, después de que el presidente venezolano, Hugo Chávez, firmara anoche el correspondiente texto.

Según Chávez, esta reforma impedirá que "la República se desmembre" y que los gobiernos regionales se conviertan en "republiquitas" autónomas dentro del Estado.

Los activos más destacados cuya administración podrá volver al Gobierno central son los puertos y aeropuertos de los estados de Carabobo y Zulia, ambos gobernados por la oposición.

El retorno del control de esas instalaciones al poder Ejecutivo no es automático y deberá obtener la aprobación de la Asamblea Nacional previa solicitud singularizada de cada una de ellas.

En las regiones con gobernadores pro gubernamentales no se prevé ningún conflicto de competencias.

Los gobernadores de Carabobo, Enrique Salas, y de Zulia, Pablo Pérez, dijeron inicialmente que tratarían de "defender" la cuota de poder que para ellos representa la administración de los puertos de Puerto Cabello y Maracaibo, respectivamente.

Sin embargo, las fuerzas opositoras reajustaron ayer en una reunión el análisis de la situación y señalaron que el control central de los puertos, los aeropuertos y las vías de comunicación "es lo menos importante".

El dirigente opositor, Henrique Capriles, que habló en representación de esas fuerzas, afirmó que la recién aprobada reforma no quita poder a gobernadores o alcaldes sino al pueblo, ya que "atenta contra el reparto de poder".

"No es un tema de quitar el poder a un gobernador o a un alcalde, se trata de quitarle el poder la pueblo, cuando se atenta contra el reparto de poder a quien se perjudica es el pueblo", aseveró Capriles, gobernador del estado Miranda.

En su opinión, el problema es el funcionamiento de los hospitales o las medicinas con las que cuenta un ambulatorio ya que "así es como se desarrolla Venezuela".

"Venezuela no es Caracas, Venezuela es muchísimo mas grande", advirtió en relación a la centralización estatal de estos servicios, y añadió que a los venezolanos "les costó mucho" lograr el reparto de poderes para que "las decisiones no se tomen sólo en Caracas y en cabeza del presidente".

De esa forma, se desinfló la alharaca surgida el pasado domingo cuando Chávez ordenó tomar "militarmente" las instalaciones de los puertos de Maracaibo y de Puerto Cabello.

De hecho, la Guardia Nacional tenía a su cargo la seguridad de los muelles de Maracaibo antes de la reforma de la ley, y en Puerto Cabello se encuentra desde hace más de un siglo la principal base naval de la Armada venezolana.

El gobernador opositor del Zulia reconoció, por su parte, que la seguridad de los puertos y aeropuertos ha correspondido tradicionalmente a la Guardia Nacional, mientras que la tarea de los gobiernos regionales ha sido "administrar el servicio, que es otra cosa".

Uno de los principales argumentos utilizados por el oficialismo para respaldar la reforma es que en los puertos y aeropuertos bajo administración opositora se instalaron "mafias" que potenciaron "el contrabando, el narcotráfico y la corrupción".

En respuesta, el gobernador de Zulia aseguró que las últimas embarcaciones venezolanas con droga detenidas en alta mar por las autoridades españolas y holandesas zarparon del puerto de La Guaira, bajo control oficial.

Por otra parte, algunos sectores de la oposición propusieron acudir al Tribunal Supremo para solicitar la nulidad de la reforma, pero expertos de su misma tendencia recordaron que la Asamblea se basó en una sentencia de ese tribunal para promover los cambios.

También se planteó, desde la oposición, llevar el caso a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a otras instancias internacionales, iniciativas que han sido desestimadas por el Ejecutivo.

"¡Aquí están las leyes y esas leyes se cumplen, aunque ustedes chillen, se tiren al suelo, vayan a la OEA o a la Casa Blanca a pedir ayuda!", dijo Chávez al respecto.