Un grupo de indios brasileños exigen una indemnización para liberar a tres rehenes

Río de Janeiro.-  Un grupo de indios de la etnia caiangangue advirtió hoy que liberará a tres empleados de una empresa eléctrica que tomó como rehenes en el sur de Brasil cuando la compañía acepte pagarles una indemnización por usar su reserva para instalar torres de transmisión de energía.

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(EFE)

Los otros dos son técnicos que trabajaban en el mantenimiento de torres de energía y que fueron tomados como rehenes un día antes. EFE/Archivo

Los indios, que mantiene a los empleados de la compañía eléctrica como rehenes desde el jueves, anunciaron hoy, en declaraciones a periodistas, que volverán a pronunciarse sobre la liberación de los tres hombres la próxima semana, cuando se reúnan nuevamente con representantes de la empresa.

Los empleados de la Compañía Paranaense de Energía (Copel) son mantenidos como rehenes en una aldea del territorio indígena Barao de Antonina, una reserva que pertenece a los caiangangues en Paraná, estado del sur de Brasil fronterizo con Paraguay.

Entre las personas retenidas en el territorio indígena ubicado a 350 kilómetros de Curitiba, la capital regional, figura el antropólogo Alexandre Húngaro da Silva, que la Copel envió el viernes al local para intentar negociar con los indios.

Los otros dos son técnicos que trabajaban en el mantenimiento de torres de energía y que fueron tomados como rehenes un día antes.

Los indios, que el año pasado amenazaron con incendiar las torres de energía, reivindican una indemnización de la Copel debido al tendido eléctrico que la compañía pasó por la reserva.

Los caiangangues se han negado a liberar los rehenes pese a las peticiones en ese sentido hechas por la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai).

Los habitantes de la reserva optaron por la medida de fuerza luego de que la Copel aplazó por tiempo indeterminado una reunión prevista para el pasado jueves y en la que se negociaría la reclamada indemnización.

En la reunión también participarían representantes de la Funai y del Ministerio Público, que intentan mediar entre los indios, que exigen una indemnización de 3,5 millones de reales (unos 1,6 millones de dólares), y la Copel, que acepta pagar un máximo de 1,1 millones de reales (unos 486.725 dólares).