Granada.- El juez encargado de investigar la "Operación Genil" por supuesto fraude a la Seguridad Social trata de acotar cuáles de los empleados que han estado vinculados laboralmente con las empresas implicadas en la trama trabajaron para ella realmente en obras concretas y cuáles no.
Un coche patrulla de la Guardia Civil en la puerta de los juzgados donde el pasado 16 de marzo comparecieron ante el juez más de un centenar de personas implicadas en la denominada "Operación Genil" contra el fraude a la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Empleo (INEM). EFE/Archivo
Para ello, el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada, José Luis Ruiz Martínez, ha citado a declarar hoy a 111 personas que supuestamente han mantenido algún tipo de relación laboral con la empresa Arnusa Obras y Reformas, cuyo responsable está acusado de fraude y falsificación de documento público.
Según han informado a Efe fuentes del caso, el juez trata de delimitar en qué construcciones concretas ha trabajado cada uno de los citados a declarar, así como el tiempo por el que lo hicieron o quiénes fueron sus compañeros antes de abrir diligencias previas sobre el caso y determinar quiénes están imputados en la causa.
Esta nueva ronda de declaraciones corresponde a la primera fase de la operación, desarrollada en diciembre de 2008 y en la que hay implicadas en torno a un millar de personas, ya que la segunda fase aún no ha entrado en etapa judicial.
Un total de 179 personas, entre ellas cuatro empresarios, han sido detenidas hasta el momento en Granada en las dos fases de la Operación Genil por un fraude a la Tesorería de la Seguridad superior a los 4,5 millones de euros, aunque el número de supuestos implicados es más elevado.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Granada detectara desde 2006 -con motivo de sus controles habituales sobre recaudación- la existencia de empresas que, a medida que iban acumulando deuda por impago de las cuotas de seguros sociales, causaban baja.
Se descubrió un entramado de empresas, dedicadas supuestamente a la construcción que, aunque apenas tenían actividad, habían dado de alta a casi 1.800 trabajadores.
Al comprobar los expedientes de desempleo de los empleados se apreciaron diversas irregularidades en las solicitudes, ya que en algunos casos los trabajadores eran dados de alta durante breves periodos de tiempo para solicitar después el paro, mientras que en otras lo hacían por el periodo que les faltaba para adquirir el derecho al cobro.
En otras ocasiones se trataba de empleados cuya actividad laboral está vinculada a la venta ambulante y eran dados de alta en el régimen general.
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