Un familiar del Yak dice que trataron a las víctimas como "a perros" y quisieron enterrarlas de noche

MADRID.-  Carlos Ripollés, que fue el primer presidente de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42, declaró hoy en el juicio por la identificación errónea de los militares fallecidos en el accidente que el Ministerio de Defensa trató a las víctimas "como a perros" e incluso quiso enterrarlas "de noche, como si fuesen terroristas".

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Reuters (EUROPA PRESS)

Carlos Ripollés, que fue el primer presidente de la Asociación de Familias Afectadas por la Catástrofe del Yak-42, declaró hoy en el juicio por la identificación errónea de los militares fallecidos en el accidente que el Ministerio de Defensa trató a las víctimas "como a perros" e incluso quiso enterrarlas "de noche, como si fuesen terroristas".

"El dolor por la muerte de un hijo en acto de servicio es un orgullo pero los trataron como perros y eso es lo que ninguno de los familiares de los 62 militares perdonamos", aseguró Ripollés durante su comparecencia como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga los hechos. "Fue terrible, terrible, terrible, vergonzoso...", aseveró.

El compareciente, hermano del comandante José Manuel Ripollés, que falleció en el siniestro, indicó que el tratamiento que recibieron los fallecidos fue "una auténtica vergüenza" porque, a pesar de haber muerto en acto de servicio, no pudieron pasar su última noche en una dependencia militar, como era el deseo de las familias, y no recibieron ningún tipo de homenaje.

Ripollés, que aseguró llevar seis años esperando el momento de testificar y confió en que "al final se hará Justicia", indicó además que los compañeros de armas que visitaron a sus familiares en los tanatorios hasta los que fueron trasladados no pudieron ir de uniforme "para evitar represalias".

"Buenos compañeros de mi hermano nos decían que movilizáramos a la prensa porque aquello no era normal", relató el hermano del comandante, que agregó que lo único que recibierojn las familias del Ministerio de Defensa fue "una caja con una chapa y nada más". "No nos dieron ninguna documentación", denunció.

ENTREVISTAS "HUMILLANTES" CON DEFENSA

De igual modo, calificó de "humillantes" las entrevistas que las familias mantuvieron tras el accidente con el entonces secretario general de Política de Defensa, Jaime Jiménez Ugarte, de quien dijo que "se volvía loco con amenazas", gritaba a los familiares como "un energúmeno" y les preguntaba "qué España querían formar por montar la asociación". "A nosotros, que llevamos la sangre militar en las venas", señaló, visiblemente indignado.

También aseguró que la juez turca levantó el secreto del sumario "por razón de derechos humanos" y viendo lo que estaban "sufriendo las familias". En este sentido, indicó que cuando recibieron el acta de entrega de los cadáveres elaborados por las autoridades turcas, en el que figuraban 30 cadáveres sin identificar, "comenzó la gran tragedia" para los allegados de las víctimas.

"MALTRATO PSICOLÓGICO A UNA VIUDA"

En la sesión vespertina del juicio también compareció Rosario Benítez Maudes, esposa del comandante veterinario José Antonio Fernández Martínez. La testigo denunció el "maltrato psicológico tremendo" que tuvo que sufrir por parte de los responsables del Ministerio de Defensa. "¿Cómo se atreven a maltratar psicológicamente a una viuda, en qué país estamos, dios?", se preguntó.

También relató que un mes después del accidente mantuvo una reunión con el principal acusado, el general de Sanidad Vicente Navarro, en la que éste le dijo que todas las víctimas pudieron ser identificadas porque entre ellas "no había calcinados".

La Fiscalía pide al tribunal, presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, que condene a cinco años de prisión al general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y a cuatro años y medio a los dos médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. A todos ellos les acusa de un delito de falsedad en documento oficial.