Santiago de Chile.- Un grupo de parlamentarios chilenos presentó hoy una querella criminal contra las tres principales cadenas de farmacias que acordaron subir los precios de 222 medicamentos.
La cadena Farmacias Ahumada (FASA) admitió que en conjunto con sus competidoras Cruz Verde y Salcobrand concertaron, entre noviembre de 2007 y marzo de 2008, subir los precios de más de 200 medicamentos. EFE/Archivo
El senador del Partido por la Democracia (PPD) Guido Girardi y el diputado democristiano Gabriel Silber encabezaron a los querellantes, a los que se agregó la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam).
El abogado Alfredo Morgado, que representa a los diputados, aseguró que las penas para las personas que resulten responsables del caso de colusión pueden ascender a cinco años de cárcel.
La semana pasada, la cadena Farmacias Ahumada (FASA) admitió que en conjunto con sus competidoras Cruz Verde y Salcobrand concertaron, entre noviembre de 2007 y marzo de 2008, subir los precios de más de 200 medicamentos.
Las tres cadenas controlan el 93 por ciento del mercado farmacéutico chileno y aunque el asunto estaba siendo investigado desde hace tiempo por la Fiscalía Nacional Económica, la verdad se desveló porque fue confesada por Farmacias Ahumada
El ministro de Salud, Álvaro Erazo, indicó hoy que con la presentación de la querella "la ciudadanía está ejerciendo sus derechos", informó la prensa local.
En tanto, la diputada del PPD Laura Soto anunció que presentará una demanda colectiva contra las tres cadenas farmacéuticas en Valparaíso, medida que precederá la presentación de otra querella criminal por infringir la Ley de Protección del Consumidor.
La parlamentaria llamó a quienes se hayan visto afectados por el alza de precios a sumarse a la demanda colectiva para tratar de recibir una indemnización.
El reconocimiento de la cadena Farmacias Ahumada (FASA), la más grande del país y que cuenta también con establecimientos en Perú y México, causó indignación en sectores políticos, empresariales y sanitarios del país.
La presidenta, Michelle Bachelet, calificó recientemente el hecho de "grave y vergonzoso", y advirtió que el Gobierno "no va a aceptar las prácticas comerciales inescrupulosas".
La confesión permitió a Farmacias Ahumada llegar a un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica para rebajar desde quince millones de dólares a un millón la multa que le corresponde, mientras sus ejecutivos han señalado que estudian algunos mecanismos para compensar a sus clientes perjudicados.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que es independiente del Gobierno y que debe decidir sobre el asunto, citó a las tres cadenas a una "audiencia de conciliación" el 1 de abril, en la que se podría refrendar o rechazar el acuerdo entre Ahumada y la fiscalía.
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