Panamá.- El Gobierno panameño se mostró hoy "satisfecho" por la exclusión del país de la "lista negra" de paraísos fiscales de la OCDE y su inclusión en una segunda lista que incluye a países que se han comprometido a respetar los estándares internacionales, algo que achacó a su "ardua gestión".
El canciller, Samuel Lewis Navarro, destacó que el trabajo del Ejecutivo y de la diplomacia panameños evitaron que la nación centroamericana estuviera en el listado de países "menos cooperantes" a la hora de compartir su información fiscal, difundida ayer a petición del G-20. EFE/Archivo
El canciller, Samuel Lewis Navarro, destacó que el trabajo del Ejecutivo y de la diplomacia panameños evitaron que la nación centroamericana estuviera en el listado de países "menos cooperantes" a la hora de compartir su información fiscal, difundida ayer a petición del G-20.
Esta relación, que es considerada la "lista negra", incluyó a Costa Rica, Malasia, Filipinas y Uruguay, aunque este país fue eliminado hoy tras declarar su compromiso de ajustarse a la normativa recomendada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En otra nómina, considerada "gris", aparecen otros 38 países y jurisdicciones, entre ellos Panamá, que aunque se han comprometido a respetar los estándares internacionales sobre intercambio de información fiscal, no han materializado esas promesas, lo que, según la terminología de la OCDE, los convierte en "paraísos fiscales".
Según Lewis Navarro, "Panamá tendrá tiempo para tomar algunas decisiones, que tienen que estar basadas en los mejores intereses del país y deben contar con el más alto nivel de consenso nacional, de forma que podamos fortalecer la estructura de la economía panameña".
Panamá, que no defiende el secreto bancario, sino la "reserva de la información", salvo por motivos de supuesto delito, como el lavado de dinero o el terrorismo, cuenta con un sistema fiscal territorial, que no obliga a declarar sobre las rentas que no se generan en el país.
La ministra de Comercio, Gisela Porras, declaró a Efe, por su parte, que la evaluación de la OCDE "reconoce los avances que se han hecho y la voluntad del país de colaborar en el intercambio de información efectiva" cuando sea preciso.
"No somos un país no cooperador, pero pedimos tiempo para adoptar las nuevas medidas consensuadas que requieren un cambio del modelo económico del país", declaró la ministra.
La Administración del presidente panameño Martín Torrijos aprobó al inicio de su mandato la conocida Ley de Retorsión para responder a las potenciales sanciones de los países que consideran a Panamá un paraíso fiscal.
Esta norma, aunque no se ha llegado a aplicar, contempla, entre otras limitaciones, la prohibición de participar en concursos de obra pública, incluida la millonaria ampliación del Canal de Panamá, a las empresas de los países que censuran la política fiscal panameña.
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