Massera, el marino que montó la mayor cárcel ilegal de la dictadura argentina

Buenos Aires.-  El ex almirante Emilio Massera, a quien hoy un tribunal de Roma decidió enviar a juicio por la muerte de tres italianos durante la dictadura argentina, fue uno de los principales responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen militar que gobernó el país de 1976 a 1983.

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(EFE)

Fotografía de archivo fechada en febrero de 1983 del ex dictador argentino Emilio Massera, que será finalmente procesado en Italia por la muerte de tres ciudadanos italianos durante la dictadura en Argentina (1976-1983). EFE/Archivo

Apodado "Comandante Cero" y también conocido como "El Negro", Massera tiene 83 años y en Argentina está procesado judicialmente por el robo y cambio de identidad de hijos de desaparecidos a manos de la dictadura.

Nació el 19 de octubre de 1925 en Paraná, a 600 kilómetros de Buenos Aires, y en 1946 inició su carrera en la Armada de Argentina con el grado de guarda-marina.

Fue alumno de la "Escuela de las Américas", un instituto que Estados Unidos había instalado en su jurisdicción del canal de Panamá para la instrucción de militares latinoamericanos.

En 1973, Massera fue ascendido a almirante y nombrado comandante en jefe de la Marina de Guerra, cargo que ejerció al compartir con el general Jorge Videla y el brigadier del aire Ramón Agosti la Junta Militar instalada con el golpe de Estado de marzo de 1976.

Al ex comandante, que pasó a retiro sólo dos años después del inicio de la dictadura, se le atribuye haber montado el mayor centro clandestino de detención y torturas de la historia argentina, que funcionó en la sede de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires.

En el marco del juicio al que fueron sometidas las Juntas Militares en 1985, fue condenado a cadena perpetua por tres homicidios agravados por alevosía, 12 tormentos, 69 privaciones de la libertad calificadas por violencia y amenazas y siete robos.

Sin embargo, en 1990 salió de la cárcel gracias a un indulto concedido por el entonces presidente, Carlos Menem, que también benefició al resto de los máximos jerarcas de la dictadura, como el ex presidente "de facto" Jorge Rafael Videla.

Cuando recuperó la libertad, su presencia en lugares públicos generó múltiples muestras de repudio social. En 1997, la directiva del club de fútbol River Plate le dio de baja como socio y al año siguiente se le negó la entrada al Círculo de Oficiales de Mar, que reúne a suboficiales de la Armada.

Massera también formó parte de una lista de 47 ex militares y policías y un civil argentinos cuya captura pidió el juez español Baltasar Garzón a la justicia argentina bajo la acusación de genocidio, terrorismo y torturas.

En los últimos años, cada vez que se ha visto acosado por la Justicia, Massera se ha declarado enfermo.

En febrero último el ex marino fue ingresado por enésima vez en el Hospital Naval tras sufrir un infarto y desde 1998 cumple arresto en su domicilio, beneficio que las leyes locales conceden a los procesados mayores de 70 años.

La hospitalización de Massera había generado sospechas debido a que recientes informes médicos pusieron en duda un anterior diagnóstico que declaró que tenía una "débil salud mental" y por tanto no podía someterse a juicio.

Quien fuera uno de los comandantes de la dictadura fue declarado "incapaz" en 2005 por peritos de la Justicia argentina, lo que derivó en la suspensión de los procesos judiciales en su contra por delitos cometidos durante el régimen militar.

Pero a comienzos de febrero, un juez argentino dispuso que se sometiera a nuevas pericias por profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la mayor del país, tal como había reclamado el Gobierno.

La petición fue formulada por el Ejecutivo después de que el tribunal de Roma que hoy decidió que juzgará a Massera recibió una pericia que certifica que el ex militar está en "plenas facultades" para afrontar el caso por la desaparición de tres ciudadanos italianos durante la dictadura argentina.

La sustracción y el cambio de identidad de niños es el único delito que fue excluido de los indultos y las leyes que beneficiaron a miles de acusados por actos de terrorismo de Estado cometidos por el régimen militar.

La represión desatada entre 1976 y 1983 dejó el resultado de cerca de 18.000 desaparecidos, según los últimos datos oficiales actualizados, mientras que los organismos humanitarios elevan esa cifra a 30.000.