Keiko Fujimori cree que hace falta un "museo de la victoria, no de la memoria"

Lima.-  La congresista peruana Keiko Fujimori, hija y heredera política del ex presidente Alberto Fujimori, consideró hoy que no es necesario un "museo de la memoria" que arroje luz sobre los crímenes cometidos en los años del llamado "conflicto interno" en el país (1980-2000).

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(EFE)

La congresista peruana Keiko Fujimori, hija y heredera política del ex presidente Alberto Fujimori, sonríe durante una rueda de prensa que ofreció en Lima (Perú).

"Considero que no se debe hacer un museo de la memoria, sino un museo de la victoria, para reivindicar a nuestras fuerzas armadas, nuestra policía nacional, a los ronderos, comités de autodefensa y los cientos de pobladores que se enfrentaron contra el terrorismo", dijo en conferencia de prensa en Lima.

Keiko, que ofreció la primera rueda de prensa tras la condena de su padre a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, intervino así en la polémica desatada por la negativa y posterior rectificación del Gobierno peruano a una donación de Alemania de 2 millones de dólares para construir ese museo de la memoria.

Ese museo "debería ser hecho con presupuesto del Estado peruano, no de un país amigo; (...) con las condiciones que nosotros creemos y no las que nos impongan o nos sugieran", señaló en referencia al donativo alemán.

El Gobierno peruano nombró recientemente al escritor Mario Vargas Llosa para encabezar el comité de expertos que ponga en marcha este museo, aceptando de paso el donativo alemán, y novelista ya ha llamado a varias personas para que le ayuden en esta tarea.

"Si bien Mario Vargas Llosa es alguien respetable, ha cometido un gran error al convocar solo a sus amigos que participaron en el Fredemo (su movimiento político en 1990, cuando se enfrentó a Alberto Fujimori) y gente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR)", comentó la legisladora.

Agregó que la gente convocada para ese comité de expertos "tiene un gran sesgo político" desde el momento en que "califica los años del terrorismo de conflicto interno, dando así un estatus político a los grupos terroristas".

El trabajo de la CVR, que en su informe de 2003 cifró en 70.000 las víctimas del terrorismo y el contraterrorismo, ha sido con frecuencia contestado por sectores cercanos a las fuerzas armadas y a la derecha más reaccionaria, por considerar que cargaron la responsabilidad sobre los crímenes cometidos por fuerzas militares y policiales y no sobre los terroristas.