Veinte años después, nuevo referendo podría anular ley de impunidad uruguaya

Montevideo.-  Veinte años después, otro plebiscito podría anular en octubre próximo la Ley de Caducidad aprobada en 1986 y ratificada en consulta popular el 16 de abril de 1989, lo que dejó impunes los crímenes cometidos por la dictadura uruguaya (1973-1985).

La Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad recordó hoy el vigésimo aniversario del plebiscito que ratificó esta norma y anunció que reunió 280.103 firmas para convocar un referendo destinado a anularla.

En declaraciones a la prensa, la Coordinadora indicó que ya se han recolectado muchas más de las 255.000 firmas necesarias para convocar la consulta popular, previsiblemente el próximo 25 de octubre, una vez que la Corte Electoral revise las rúbricas.

El objetivo es llegar a las 300.000 firmas, indicó a los medios Luis Puig, miembro de la Coordinadora y del Secretariado Ejecutivo del mayor sindicato uruguayo, el PIT-CNT.

La Coordinadora está conformada por grupos de defensa de los derechos humanos, organizaciones de izquierda y sindicatos, y cuenta con el apoyo de numerosos políticos del gobernante Frente Amplio, entre ellos varios ministros.

"Estamos seguros de que llegamos a las 300.000, pero ya pasamos el límite establecido por la Constitución: el 10 por ciento del padrón, que anda alrededor de las 250.000 (firmas)", dijo Puig.

La dictadura uruguaya dejó 38 desaparecidos en este país, según la Comisión para la Paz que funcionó entre 2000 y 2003, y la fecha límite para la recolección de firmas es el próximo 24 de abril.

El líder sindical subrayó que hoy existe "un contexto social totalmente distinto" al de abril de 1989, cuando un plebiscito nacional ratificó (con 57 por ciento de los votos a favor) la Ley de Caducidad aprobada por el Parlamento casi tres años antes.

De momento, en esta consulta, que coincidirá con las elecciones nacionales del 25 de octubre, no habrá "amenazas de golpe de Estado o censura", explicó Puig en declaraciones recogidas por Radio El Espectador.

"Ya no existe el miedo que crearon la dictadura y los gobiernos que la sucedieron", agregó.

Según Puig, la eliminación de esta normativa será "un homenaje no sólo a las víctimas del terrorismo de Estado", sino también "una excelente noticia para la democracia".

El fin de la Ley de Caducidad permitirá "asegurar a las futuras generaciones de uruguayos que nunca más se vean expuestos a la dictadura y al terrorismo de Estado", explicó.

Varias marchas y concentraciones fueron convocadas para hoy a fin de recordar a las víctimas de la dictadura y demandar el castigo de los militares y policías hoy retirados que entonces se vieron implicados en violaciones de derechos humanos.

Se espera que la organización Plenaria, Memoria y Justicia difunda a última hora de esta tarde una lista con los nombres de 418 militares que tuvieron un destacado papel en la represión de la dictadura.

En declaraciones a la prensa, la militante de esa organización Irma Leites dijo que se va a pedir la realización de un "mega juicio" para los integrantes de la lista.

También hoy se pone en marcha la Fundación Zelmar Michelini, en apoyo de la investigación de la muerte de ese legislador, asesinado en Buenos Aires junto a Héctor Gutiérrez Ruiz por miembros de las dictaduras argentina y uruguaya.

El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, junto a los ministros del Interior, Daisy Tourne, y de Defensa Nacional, José Bayardi, firmó el pasado día 13 la resolución que da libertad de acción al Poder Judicial para investigar los asesinatos del senador Michelini y del que fuera presidente de la Cámara de Diputados Gutiérrez Ruiz.

Ambos, junto a los militantes del ex grupo guerrillero Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros) Rosario Barredo y William Whitelaw, fueron ultimados el 20 de mayo de 1976 en la capital argentina.

El Gobierno estimó que los casos "ocurrieron fuera del territorio nacional, donde tiene plena vigencia la ley penal extranjera" y por ello los excluyó de la Ley de Caducidad.

Esa postura difiere con la mantenida en los anteriores Gobiernos democráticos, que consideraron el caso comprendido dentro de la ley.

Ya el juez penal Roberto Timbal procesó y ordenó encarcelar al ex dictador Juan María Bordaberry y a su ex canciller, Juan Carlos Blanco, como "coautores de cuatro delitos de homicidio muy especialmente agravado".

La ley de Caducidad abarca a militares y policías, pero no a civiles.

Un tribunal de apelaciones ratificó el fallo y determinó que Bordaberry y Blanco "sabían de los hechos ocurridos en Argentina y nada hicieron para evitarlos".