Se inicia la tramitación de la norma que permitirá edificar en suelo rústico

Santander.-  El pleno del Parlamento ha acordado hoy, con la abstención del PP, tramitar para su aprobación definitiva una modificación de la Ley del Suelo que permitirá construir viviendas en suelo rústico de protección ordinaria y rehabilitar edificaciones ganaderas para destinarlas a otros usos.

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(EFE)

Vista general del Parlamento de Cantabria. EFE/Archivo

El grupo popular ha calificado la proposición de ley diseñada por el PRC y el PSOE de "inservible, falsa e inútil", pero se ha abstenido en la votación para poder defender "con uñas y dientes" su propuesta y "echar por tierra" durante la tramitación de la iniciativa los "intentos de manipulación" de socialistas y regionalistas.

La reforma de la Ley del Suelo que hoy inicia su tramitación parlamentaria permite construir viviendas unifamiliares de una altura no superior a los ocho metros en una parcela mínima de 2.500 metros cuadrados, en suelo rústico ordinario, siempre que esté situado cerca de núcleos urbanos.

Los ayuntamientos fijarán en qué terrenos se puede construir a través de planes especiales, que deberán ser aprobados por la Comisión Regional de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CROTU).

Además, se podrán reformar edificaciones ligadas a usos ganaderos que no estén fuera de ordenación, para destinarlas a uso residencial, cultural, actividades de ocio, artesanales o de turismo rural.

Esta modificación obliga a los ayuntamientos a elaborar un catálogo de edificaciones susceptibles de ser rehabilitadas.

La regulación de la construcción de viviendas en suelo rústico ordinario alejado de los núcleos urbanos queda en manos del futuro Plan Regional de Ordenación del Territorio.

Durante el debate, el consejero de Urbanismo, José María Mazón, ha respaldo expresamente la modificación propuesta por el PRC y el PSOE, al tiempo que se ha comprometido a colaborar con todos los ayuntamientos para que tarden "lo mínimo" en elaborar los planes especiales y los catálogos de edificaciones, y a agilizar todos los trámites que dependan de la CROTU.

Mazón ha explicado que los ayuntamientos que sean "más diligentes" en presentar sus planes especiales podrán tener en seis meses la aprobación provisional.

Según sus datos, con esta propuesta se puede dar respuesta al 90 por ciento de las demandas de los ciudadanos.

Sin embargo, el PP se opone a la medida porque considera que, en realidad, no desbloquea la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico, al obligar a los ayuntamientos a diseñar planes especiales que después deberán ser aprobados por una "atascada" CROTU.

La parlamentaria del PP María José Sáenz de Buruaga ha opinado que los planes especiales crearán "inseguridad jurídica", permitirán al Gobierno practicar el "clientelismo" y serán el "remate final" para una CROTU "desbordada".

"El desbloqueo es pura ficción", ha afirmado la parlamentaria del PP, quien ha opinado que la propuesta de regionalistas y socialistas es "todo un engaño" a los ciudadanos, cuyas espectativas se ven defraudadas, y al Parlamento.

Y ha explicado que en el último Debate sobre el Estado de la Región se acordó por unanimidad aprobar la modificación de la Ley del Suelo mediante un proyecto de ley del Gobierno, que, a su juicio, da mayor seguridad jurídica, y en un plazo de tres meses y no diez.

Esta parlamentaria ha reclamado una modificación que permita de forma inmediata construir en suelo rústico, sin mecanismos "intermedios", lo que, según el PRC y el PSOE, es "imposible" legalmente y vulneraría la autonomía municipal.

El portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, ha asegurado que esta iniciativa, demandada por los ayuntamientos y los ciudadanos, es "totalmente necesaria" y oportuna, y ha opinado que no hay ninguna razón para que no sean los propios grupos parlamentarios los que la promuevan.

De la Sierra ha acusado al PP de usar la "táctica de la evasión", porque, a su juicio, aprovecha los problemas para desacreditar al Gobierno, en lugar de tratar de solucionarlos.

El socialista Martín Berriolope ha dicho que la propuesta trata de salvaguardar dos intereses contrapuestos: preservar la región y permitir que los propietarios de los terrenos puedan obtener un rendimiento y darle una utilidad.

Ambos han ofrecido consenso al PP, para llegar a un acuerdo durante la tramitación parlamentaria de la proposición de ley.