La Corte Electoral recibió las firmas contra la "ley de Caducidad" y comienza el análisis

Montevideo.-  La Corte Electoral de Uruguay recibió hoy unas 340.000 firmas recolectadas por organizaciones de derechos humanos que impulsan una consulta popular con el objetivo de derogar la "ley de Caducidad".

ampliar foto

(EFE)

El presidente Tabaré Vázquez, socialista y primer presidente de izquierda en la historia de Uruguay, señaló su "ferviente" deseo de que "el pueblo anule la ley". EFE/Archivo

"Recibimos las firmas y aproximadamente unos cien funcionarios comenzarán con las tareas de verificación", señaló el ministro de la Corte, Edgardo Martínez Zimariof.

Las firmas fueron entregadas en 36 cajas que "tendrán una vigilancia especial, con cámaras de vídeo, y para dar seguridad a todos sólo podrá tener acceso a ellas el personal de la Corte encargado de la tarea", agregó.

Las cajas fueron entregadas el viernes -cuando venció el plazo máximo de recolección de firmas- al Parlamento, donde quedaron en custodia hasta hoy, cuando fueron trasladadas hasta la Corte Electoral.

Las autoridades de la Corte estiman que para mediados de julio tendrán la posibilidad de un primer informe sobre el alcance de las firmas, y para fines de agosto se espera que esté terminada la tarea de verificación, que se hará de manera manual y por parte de parejas de funcionarios.

De acuerdo con la legislación uruguaya se necesita la firma del 25 por ciento del padrón electoral, aproximadamente unas 255.000 personas, para impugnar una ley.

Varias organizaciones defensoras de derechos humanos, asociaciones de ex presos políticos, la principal central obrera del país (PIT-CNT) y algunos sectores de izquierda impulsaron la recolección de firmas.

Si las firmas son suficientes, de manera simultánea a las elecciones generales del 25 de octubre los uruguayos deberán decidir, por segunda vez, sobre la "ley de Caducidad".

La ley fue aprobada por el Parlamento en 1986, tras el retorno a la democracia luego de doce años de dictadura (1973-1985) y posteriormente fue refrendada por la población en 1989, con el 60 por ciento de apoyo.

La ley puso fin, antes de su inicio formal, a los juicios contra militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura, pero no alcanza a los civiles.

Los impulsores del referendo para anularla afirman que en aquella ocasión, debido a la proximidad con la dictadura, los uruguayos votaron con temor.

Según una reciente encuesta, actualmente el 51 por ciento de los uruguayos está a favor de anular la ley.

La posibilidad de un referéndum dividió la interna de la gobernante coalición de izquierda Frente Amplio.

El presidente Tabaré Vázquez, socialista y primer presidente de izquierda en la historia de Uruguay, señaló la pasado semana durante una visita oficial a Costa Rica su "ferviente" deseo de que "el pueblo anule la ley".

"Uruguay no se merece una ley de impunidad", afirmó el presidente, que tras su llegada al poder, el 1 de marzo de 2005, dejó fuera de la ley varios casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos y abrió la puerta para la investigación judicial, mediante la cual ocho militares y policías retirados fueron procesados y están encarcelados

Sin embargo, pese a tener mayoría en el Parlamento para impulsar un proyecto sustitutivo, no lo hizo.