Madrid.- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado hoy que la realidad económica actual demuestra que la "perspectiva social" que aplica el Gobierno en sus actuaciones es "la correcta y la que demandan los ciudadanos".
De izda a dcha. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, junto al vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, al inicio de la sesión de control que tiene lugar hoy en el pleno del Congreso.
Así lo ha puesto de manifiesto De la Vega durante la presentación del libro "Comentarios a la legislación de Contratación Pública", una obra en cuatro volúmenes, coordinada por Emilio Jiménez Aparicio, que cuenta con la participación de 43 expertos juristas.
Tras subrayar que debe redoblarse el empeño dirigido a la modernización de las administraciones públicas, De la Vega ha asegurado que "la modernización de la Administración y la perspectiva social en su actuación son dos ideas que el Gobierno aplica con decisión".
En este sentido ha añadido que el Ejecutivo es "cada vez más consciente de que una Administración abierta, eficaz y eficiente, comprometida con la innovación, centrada en el servicio a los ciudadanos y a las empresas, es la premisa necesaria para que el sistema funcione, y más hoy".
Ha defendido la contratación pública como un proceso de garantías que protege los principios constitucionales de libertad e igualdad de acceso a las licitaciones que eviten la corrupción.
Durante su intervención ante un centenar de juristas, la vicepresidenta ha afirmado que la legislación en esta materia es "extensa, técnicamente compleja y social y económicamente fundamental para el buen funcionamiento de un país".
Ha recordado que durante la pasada legislatura se realizó una reforma "muy ambiciosa" de la contratación pública y que se logró un gran consenso al respecto, con la implicación de todas las partes.
De la Vega ha afirmado que la contratación pública debe abordarse como un proceso de garantías que protege los principios constitucionales de libertad e igualdad de acceso a las licitaciones que eviten la corrupción y salvaguarden la buena utilización de los fondos públicos, a la vez que la calidad de las obras ejecutadas.
"Estamos hablando de algo muy importante", según de la Vega, quien ha agregado que tampoco debe olvidarse la conveniencia de abordar la contratación pública desde "una perspectiva de mayor alcance: coherente con el Estado social y con la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos para que la igualdad de las personas sea efectiva".
Para la vicepresidenta del Gobierno, "la realidad económica que actualmente vive el mundo y España demuestra que la perspectiva social es la correcta, es la que demandan los ciudadanos y es la del Gobierno español".
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