San Juan.- Miles de católicos y evangélicos protestantes se unieron hoy en San Juan en una manifestación contra los 30.000 despidos de empleados públicos que prevé el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, para reducir gastos en el Ejecutivo.
Los trabajadores protestaron contra la Ley de Despidos Masivos (ley 7) y el plan de alianzas público-privadas, todavía por aprobar en el Legislativo, que pueden ocasionar la pérdida de su empleo a más de 30.000 funcionarios. EFE/Archivo
Entre los religiosos que marcharon estaba el obispo católico de Caguas, ciudad aledaña a San Juan, Rubén González, quien exhortó al Gobierno "a no cansarse de buscar los medios adecuados para atender la situación económica sin afectar a los empleados públicos".
"Exhortamos a que se fomente permanentemente el diálogo con todos los sectores sociales, para que entre todos y todas busquemos otras opciones que resuelvan esta situación", dijo.
Por su parte, el secretario ejecutivo del Concilio de Iglesias de Puerto Rico, Ángel Rivera, indicó que el propósito de la marcha es que el Gobierno "se abra al diálogo y permita lograr soluciones dignas y justas ante la crisis económica en el país".
Esta fue la segunda marcha en la que miles de personas se unieron en contra de los despidos.
En la concentración de ayer participaron empleados de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UITER), la Hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico, de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (TUAMA) y de los Bomberos, entre otros.
Los trabajadores protestaron contra la Ley de Despidos Masivos (ley 7) y el plan de alianzas público-privadas, todavía por aprobar en el Legislativo, que pueden ocasionar la pérdida de su empleo a más de 30.000 funcionarios.
Fortuño, por su parte, presentó el pasado miércoles un presupuesto general para el ejercicio fiscal 2009-2010 basado en el despido de miles de funcionarios públicos.
El gobernador resaltó entonces que el despido de funcionarios es, a su entender, la única manera de cuadrar unas cuentas públicas que arrastran un déficit que cuantificó en 3.233 millones de dólares.
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