MADRID.- El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció hoy que su gabinete pedirá "informes jurídicos" para conocer la viabilidad de implantar una ayuda económica para que los inmigrantes rumanos que han quedado en desempleo, unos 71.000 a 31 de marzo, puedan retornar a su país si así lo desean. "Si podemos habilitar alguna fórmula, lo haremos", aseguró.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció hoy que su gabinete pedirá "informes jurídicos" para conocer la viabilidad de implantar una ayuda económica para que los inmigrantes rumanos que han quedado en desempleo, unos 71.000 a 31 de marzo, puedan retornar a su país si así lo desean. "Si podemos habilitar alguna fórmula, lo haremos", aseguró.
Corbacho hizo estas declaraciones a los medios en el marco de su visita oficial a Rumanía, donde firmará dos "memorandos de colaboración" con el Ejecutivo de Bucarest para por un lado, favorecer que el Servicio Público de Empleo Estatal español ofrezca a los inmigrantes rumanos trabajo en su país y, por otro, se facilite la cooperación entre los servicios de inspección laboral de ambos Estados.
Según explicó, aunque el levantamiento de la moratoria que ponía trabas al trabajo por cuenta ajena de rumanos y búlgaros en España "no ha tenido efecto llamada", en el primer trimestre de este año el número de parados entre el colectivo de Rumanía se incrementó en unas 30.000 personas, pasando de 44.000 en diciembre de 2008 a los cerca de 71.000 que a finales de marzo no tenían trabajo.
Este hecho, sumado a las demandas de Rumanía, cuyo Gobierno estima necesitar un millón de trabajadores para compensar la pérdida de población activa derivada de la emigración que ha experimentado en los últimos años, ha impulsado al Ministerio de Trabajo a sopesar la posibilidad de ofrecer ayudas económicas en el marco de los convenios bilaterales que ahora se suscriban y con apoyo de los fondos europeos.
En la actualidad, los rumanos no pueden acogerse al Plan de Incentivo al Retorno Voluntario en vigor, porque su condición de ciudadanos europeos y la libertad de movimiento por el Espacio Schengen que de ello se deriva es incompatible con el requisito de no regresar a España en al menos cinco años que impone el decreto de retorno para quienes reciban la prestación.
En total, unos 718.000 rumanos tienen tarjeta de residencia y 253.000 de ellos están dados de alta en la Seguridad Social. Según Corbacho, "al final, será una comunidad importante asentada en España", aunque existen "más de 30.000 personas" que se encuentran en el paro y ya no reciben prestación y que podrían estar interesados en recibir apoyo económico para abandonar el país. A estas personas iría dirigida esta medida sobre la que el ministro también consultará al Gobierno de Rumanía, "por si quisieran poner ayudas para que vuelvan sus emigrantes".
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