Un jurado popular avala que el parricida cumpla nueve años de internamiento

Toledo.-  Un jurado popular considera culpable a Cristina S.H., de 34 años, de matar de veintiséis hachazos a su madre en el domicilio familiar de la localidad toledana de Mazarambroz en febrero de 2007, por lo que cumplirá previsiblemente nueve años de internamiento en una cárcel psiquiátrica.

Este juicio con jurado popular ha sido atípico pues nunca antes un veredicto se ha emitido en Toledo dos horas después de que al inicio de la vista oral fiscal y defensa pactaran que la joven, que padece un "trastorno límite de la personalidad" asociado al consumo de cannabis y alcohol, cumpla una condena de nueve años de cárcel en un hospital psiquiátrico penitenciario.

Según explicó tras la breve vista oral el abogado de la defensa, Ángel Benito, la joven, que compareció en la Audiencia de Toledo, con blusa y pantalón negro, será internada en uno de los dos centros penitenciarios especializados para este tipo de reos, el de Picassent (Valencia) o Fontcalent (Valencia).

El fiscal, que solicitaba en sus conclusiones provisionales, una pena de catorce años de cárcel por un delito de homicidio, aceptó rebajar la pena a nueve años de internamiento al aplicar la eximente incompleta de enajenación mental en lugar de una atenuante como aplicaba inicialmente, aunque se mantuvieron las agravantes de parentesco y abuso de superioridad.

En el escrito conjunto pactado por el fiscal jefe de Toledo, José Javier Polo, y el abogado defensor (no había acusación particular) y sobre el que tuvo que pronunciarse el jurado popular, se indica que aunque la minusvalía mental del 27% que padece Cristina desde que tenía catorce años no anula su imputabilidad si que disminuye su capacidad intelectiva y volitiva por lo que "se hace muy necesario su internamiento en un centro especializado".

Según dijo su abogado, en uno de estos centros la joven- que el día de los hechos también padecía una "anorexia mental y física" (pesaba 38 kilos) y que ha tenido cinco intentos de suicidio- podrá tener asistencia psiquiátrica acorde con su enfermedad y tendrá un control médico de la medicación.

Se da la circunstancia de que el pasado mes de febrero, Cristina compareció en la Audiencia toledana como víctima de una violación, ocurrida unos meses antes del parricidio, por lo que fue condenado a cuatro años y medio de prisión un súbdito rumano, Nicolai I.

Precisamente fue el comportamiento que tuvo en este juicio -en el que ella testificó a puerta cerrada entre risas y llantos- lo que motivó que fiscal y defensa buscaran la "mejor solución para ella", según dijo a los periodistas el abogado defensor de la parricida, que ha reconocido los hechos y se conformó con lo pactado.

Además de la pena de internamiento, se mantuvo la petición de indemnizaciones por responsabilidad civil de 30.000 euros para el padre de la acusada y 12.000 euros para cada uno de sus dos hermanos.

Los hechos ocurrieron entre las 13:00 y las 13:30 horas del 14 de febrero de 2007 en el domicilio familiar de la calle Cervantes de Mazarambroz, justo el día en que Cristina tenía que ingresar en un centro sanitario de Toledo debido a su delgadez.

Pero, la joven pensaba que era una estrategia de su madre para librarse de ella, por lo que tras llamar al doctor para decirle que no pensaba acudir al centro médico cometió el crimen, que le costó la vida a la madre pocas horas después de los hechos.

La acusada cogió un hacha de la leñera de la casa e infligió a su madre, que estaba sentada leyendo en el salón de la casa, un total de veintiséis hachazos en la cabeza y en el rostro mientras reprochaba a su progenitora que no la quisiera y a la que pedía que "rezara lo que supiese".

Tras los hechos, Cristina -que según su abogado tiene la inteligencia de una persona superdotada- llamó a la Guardia Civil y a su doctor, y relató los hechos, con la justificación de que su madre la quería echar de casa y ella había pagado la hipoteca junto a sus hermanos, que estaban citados a declarar como testigos, aunque después del acuerdo entre fiscal y defensa no fue necesario seguir el juicio.