Madrid.- La Comunidad de Madrid recibirá 37,9 millones del Estado para la atención y prevención de la dependencia, con los que se adaptarán 761 plazas en residencias para personas con alto grado de dependencia y se financiarán servicios complementarios que crearán más de un millar de puestos de trabajo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (i), y la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, durante la presentación del convenio de colaboración en materia de Dependencia por el que se transferirán los créditos previstos en el Fondo Especial para la Dinamización de la Economía y Empleo para la realización de obras en este ámbito.
Así se establece en el convenio que han firmado hoy la Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con el que ambas han querido plasmar el clima de "colaboración y cooperación" que se proponen exista entre las dos instituciones.
"Cuando se trata de estar al servicio de la gente, no puede haber diferencias políticas", ha dicho la ministra, a quien Aguirre ha definido como "una política de raza" en su comparecencia ante los medios informativos, donde han querido dejar patente el clima de cordialidad y la buena relación que mantienen, según han asegurado.
El dinero que recibe hoy Madrid del Ministerio de Sanidad y Política Social forma parte del Fondo Especial del Estado para la dinamización de la Economía y el Empleo, que ya ha sido transferido a todas las autonomías españolas, excepto al País Vasco (donde estaba pendiente de la toma de posesión del nuevo Gobierno) y a Navarra, que está estudiando la manera de "encajar" esta ayuda en sus planes de dependencia actuales, según ha indicado Jiménez.
En la Comunidad de Madrid, la cantidad que aporta el Estado para la Ley de Dependencia se sumará a los más de 830 millones de euros que el Gobierno regional dedica a la atención y prevención de situaciones de dependencia y permitirá valorar otras circunstancias que vayan más allá de la situación económico-social del beneficiario, que era lo que primaba ahora, ha explicado Aguirre.
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