Madrid.- El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 del Ministerio de Vivienda.
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, ha expresado hoy en un comunicado su satisfacción por la decisión adoptada por el TC y ha explicado que con el recurso el Gobierno regional "pretende defender los intereses de los ciudadanos madrileños". EFE/Archivo
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, ha expresado hoy en un comunicado su satisfacción por la decisión adoptada por el TC y ha explicado que con el recurso el Gobierno regional "pretende defender los intereses de los ciudadanos madrileños".
El Ejecutivo regional presentó el citado recurso -conflicto positivo de competencias- el pasado mes de abril al considerar que con esta normativa el Gobierno central "invade competencias exclusivas" que la Constitución atribuye a la Comunidad de Madrid en cuanto a la regulación del régimen de vivienda protegida.
Además, el Gobierno regional estima que el texto "limita" la política de vivienda regional e "impone obligaciones" a las Comunidades Autónomas.
El recurso de la Comunidad se refiere a los artículos 6 y 3.1b del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. El primero de ellos establece que el periodo de protección de viviendas será permanente en el caso de que estos pisos se construyan en suelos destinados por ley a vivienda protegida y no inferior a 30 años sobre suelos libres.
La Comunidad de Madrid considera que esta circunstancia convierte el derecho a la propiedad en "una especie de derecho de uso y disfrute, lo que implica que los adjudicatarios de vivienda protegida nunca serán propietarios plenos de sus pisos sino meros usuarios".
Esta situación, en opinión del ejecutivo autonómico, introduce "inestabilidad y desconfianza" entre las familias ya que se sustituye el sistema tradicional de ahorro -basado desde los años 60 en la compra de una vivienda- por un modelo "intervencionista".
Por su parte, el artículo 3.1.b. del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 exige al Gobierno regional la creación de un registro público de demandantes de vivienda protegida, una medida que la Comunidad considera "ineficaz" como base única para la adjudicación de viviendas protegidas y que, "una vez más", supone una "invasión" de competencias autonómicas.
La Comunidad de Madrid firmó el convenio del Plan de Vivienda con el Gobierno central la semana pasada, pese a que en el mes de abril interpuso el recurso ante el Constitucional.
Mariño explicó tras la firma que el Gobierno regional había suscrito el convenio para que los madrileños pudieran acogerse al modelo de vivienda protegida del Gobierno central o al Plan autonómico madrileño.
"Firmamos el convenio por lealtad institucional y el deseo de no perjudicar los intereses de los madrileños", concluyó.
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