Asunción.- El Gobierno paraguayo reforzó hoy la seguridad en torno a un grupo de legisladores de la oposición que presuntamente podrían ser blanco de ataques, como parte de la serie de amenazas de bombas registradas desde hace dos semanas.
El ministro de Interior de Paraguay, Rafael Filizzola (en la foto), dijo que se ha dado "toda la seriedad del caso" a una denuncia pública hecha por el presidente del Congreso, el senador opositor Enrique González Quintana, del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE). EFE/Archivo
El ministro de Interior de Paraguay, Rafael Filizzola, dijo que se ha dado "toda la seriedad del caso" a una denuncia pública hecha por el presidente del Congreso, el senador opositor Enrique González Quintana, del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), tercera fuerza política del país.
Quintana denunció a las autoridades la existencia de una lista de ocho legisladores, todos de la oposición, quienes, al parecer, están expuestos a ataques de grupos armados presuntamente vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Tenemos mucha información, no de grupos específicos, pero sí dentro de la carpeta fiscal con relación a estos últimos hechos de amenazas", afirmó a periodistas el comandante de la Policía Nacional, Viviano Machado.
El jefe policial se refirió a las falsas amenazas de bomba que se han multiplicado desde que el 29 de abril pasado fue colocado un artefacto en uno de los sanitarios del Poder Judicial, que estalló en los jardines del edificio tras ser retirado por un guardia.
Desde entonces fueron denunciadas amenazas contra la residencia del jefe de Estado, Fernando Lugo, edificios públicos, gasolineras, hospitales, tiendas, albergues de ancianos, supermercados, plazas de gran concurrencia y hasta cementerios.
La autoría del artefacto que estalló en la sede los tribunales se la adjudicó el denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cuyos líderes, Carmen Villaba y su pareja, Alcides Oviedo, cumplen penas de cárcel por un sonado caso de secuestro, en el que la Fiscalía ha vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El EPP también se atribuyó el ataque perpetrado contra un puesto militar en Tacuatí, en el departamento de San Pedro (centro) y de la destrucción de maquinarias agrícolas de una hacienda de la misma región, a finales del año pasado.
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