Aralar propone igualar la renta básica al SMI y suprimir los límites a las AES

Vitoria.-  Aralar ha anunciado que va a registrar en el Parlamento Vasco una proposición de reforma de la Ley contra la exclusión social y de garantía de ingresos mínimos, para "ampliar la cobertura social" en un momento de grave crisis económica.

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(EFE)

La portavoz de Aralar en el Parlamento Vasco, Aintzane Ezenarro. EFE/Archivo

La portavoz de Aralar en el Parlamento, Aintzane Ezenarro, ha explicado que su propuesta es igualar la cuantía de la Renta Básica al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para que todas las personas puedan tener setecientos euros al mes, que es "lo mínimo para una vida digna".

Plantea también eliminar los límites para la percepción de las Ayudas de Emergencia Social (AES) en la vida de una persona y que el complemento de vivienda lo puedan percibir también los que tengan un sueldo inferior al 150 por ciento del SMI y no sólo los perceptores de la renta social.

Aralar también quiere que se restrinja o se elimine la obligación de presentar toda la documentación por parte de los perceptores de la Renta básica cada dos años.

Junto con esta proposición no de ley, Aralar va a registrar otra para la aprobación de una Ley de Vivienda en la que se contemple el acceso a la vivienda como un derecho subjetivo.

Ezenarro ha explicado que con esta ley se pretende crear un parque de 40.000 viviendas en alquiler social en cuatro años, con una inversión de doscientos millones de euros al año.

El dirigente de Aralar Fernando Hevia ha explicado que la política de Vivienda desarrollada hasta ahora por el Gobierno Vasco ha "agravado la crisis económica" y que lo que pretende su grupo es que el derecho a la vivienda sea un derecho universal como el de Sanidad o Educación.

Hevia ha añadido que la iniciativa plantea que en el plazo de una legislatura cualquier ciudadano pueda disponer de una vivienda sin tener que dedicar más del treinta por ciento de sus ingresos.

En el caso de las personas en situación o con riego de exclusión social el acceso sería inmediato.

También recoge que los ayuntamientos deberían, en el plazo de ocho años, dedicar el diez por ciento de su parque público de viviendas al alquiler protegido.

Aralar, que propone un canon fiscal para las viviendas desocupadas similar al que defiende EB, defiende en su iniciativa que el cincuenta por ciento de las nuevas viviendas protegidas se destinen al alquiler, al igual que el quince por ciento de las viviendas libres.

Ezenarro ha concluido que su grupo va a plantear iniciativas para que se intente dar respuesta a la situación de crisis con las competencias que ya tiene asumida la Comunidad autónoma, sin que eso quiera decir que no vayan a seguir reclamando las que faltan, especialmente en materia de empleo.