El TSJC cede a los juzgados de lo Penal el proceso del ex consejero Del Olmo

Santander.-  El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) se ha declarado incompetente para juzgar al ex consejero de Industria Javier del Olmo, después de que éste haya dimitido y haya perdido su condición de aforado, por lo que su caso será enjuiciado por un juzgado de lo Penal.

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(EFE)

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) se ha declarado incompetente para juzgar al ex consejero de Industria Javier del Olmo, después de que éste haya dimitido y haya perdido su condición de aforado, por lo que su caso será enjuiciado por un juzgado de lo Penal. EFE/Archivo

La Sala de la Civil y Penal señala en un auto, cuyo ponente es César Tolosa, que, al presentar la dimisión, Del Olmo ha perdido la condición de aforado, y que mantenerla supondría "alterar" el régimen común del proceso penal.

El TSJC indica que la condición de aforado es un privilegio que se confiere a personas que desempeñan cargos públicos, como un medio "para asegurar el libre desempeño de su función".

Se basa en el criterio del Tribunal Constitucional y del Supremo, que establece que la condición de aforado debe interpretarse de forma "restrictiva", de modo que, si se pierde, la devolución de la causa a un juzgado no supondría una vulneración del derecho de tutela judicial efectiva.

Por todo ello, la Sala, compuesta por los magistrados César Tolosa, Clara Penín y Rafael Losada, se ha declarado incompetente para enjuiciar este asunto y lo ha remitido al juez decano para que se reparta al Juzgado de lo Penal que corresponda.

La Sala de lo Civil y Penal recuerda que, tras ser acusado por la Fiscalía, Del Olmo dimitió de su cargo en el Gobierno de Cantabria, aunque los hechos que se le imputan tuvieron lugar cuando era presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS).

Agrega que, cuando Del Olmo fue nombrado consejero, el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander se inhibió en favor del TSJC y le remitió la causa.

El ex consejero de Industria, que está imputado por delitos de obstrucción a la Justicia y prevaricación durante su gestión en el Puerto de Santander, se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de tres años de cárcel y ocho de inhabilitación.