El PP y el PSOE pactan una ley que busca bajar el volumen de la contaminación acústica

Valladolid.-  Los grupos parlamentarios del PP y del PSOE han concretado hoy en el parlamento autonómico su acuerdo para aprobar la Ley del Ruido de Castilla y León, con la que se proponen limitar la contaminación acústica y preservar, entre otros derechos, el del descanso de los ciudadanos.

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(EFE)

Los consejeros de Fomento y Presidencia, Antonio Silván (i) y José Antonio de Santiago-Juárez, respectivamente, durante la segunda sesión del Pleno de las Cortes.

La vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, ha intervenido ante el plenario de las Cortes de Castilla y León para defender una ley que considera "esencial" para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al dar a las administraciones herramientas para frenar a los causantes de los excesos de ruido ambiental.

Ruiz ha destacado el consenso alcanzado entre los grupos parlamentarios, algo en lo que han coincidido también los portavoces parlamentarios en este asunto, Consuelo Villar (PSOE) y Julián Ramos (PP), quienes se han felicitado mutuamente por el acuerdo.

Una de las modificaciones más destacadas de la nueva norma de limitación del ruido es la ampliación del número de núcleos de población que estarán obligados a tener su propio mapa de ruidos, al incluir en esta obligación a los municipios de más de 20.000 habitantes, en lugar de los 100.000 actuales que fija la norma estatal.

La norma establece que todas las capitales de provincia de la Comunidad y algunos de los municipios de mayor tamaño dispongan antes de junio de 2012 de su propio mapa de ruidos y que elaboren un plan de acción contra esta contaminación acústica antes de julio de 2013.

El régimen sancionador que prevé la ley incluye como faltas muy graves los casos en los que se superen en más de 10 decibelios los permitidos, las graves, más de cuatro, y las leves, que afectan a cuestiones como que se instalen sistemas de alarma y vigilancia sin autorización municipal.

Para las faltas muy graves las sanciones oscilan entre los 300.000 y los 12.000 euros; las graves entre esta última cantidad y los 601, y las leves hasta 600 euros, aunque la Administración también puede proceder a la clausura definitiva o temporal de la instalación que genere el ruido excesivo.

Además de esta aprobación, las Cortes han dado luz verde, también con el acuerdo del PP y del PSOE, la Ley de Publicidad Institucional que regulará y garantizará el acceso de los ciudadanos a la información de interés público y que prevé la creación del Consejo Audiovisual regional en 2010.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha destacado en su intervención ante el pleno el carácter "participativo y dialogado" de la negociación que ha desembocado en la aprobación de la ley, por lo que se ha felicitado.

El procurador socialista Óscar Sánchez ha considerado que la aprobación de esta norma es una "buena noticia" para los ciudadanos de Castilla y León, aunque ha agregado que el texto tiene "virtudes y defectos".

Entre las bondades, Sánchez ha citado la creación de una Comisión de Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, en concreto de la adjudicación a Castilla y León Televisión, y al plazo de seis meses para que la Junta remita a las Cortes la ley de creación del Consejo Audiovisual, que sólo tendrá funciones de asesoramiento, no sancionadoras.

Sánchez se ha quejado de que la norma tenga un "agujero" en los periodos electorales, ya que los socialistas pedían que se incluyera en la ley un precepto para prohibir con carácter general la publicidad institucional en periodos previos a la celebración de comicios.

El grupo mayoritario en la cámara, el del PP, ha felicitado al consejero por la elaboración de este proyecto de ley, que llega "en el momento adecuado" y ha rechazado la crítica socialista respecto a los periodos electorales al señalar que es la Junta Electoral Central la que debe actuar si considera que la publicidad institucional interfiere en los comicios.

El pleno también ha servido para facultar a las cajas de ahorros de Castilla y León para que puedan atrasar hasta seis meses la convocatoria de elecciones a impositores, con la finalidad de que esta cuestión no interfiera en el debate abierto sobre posibles integraciones de algunas entidades financieras.

Los grupos parlamentarios del PP y del PSOE en las Cortes de Castilla y León han evidenciado, con el acuerdo para admitir a trámite una proposición de ley que prevé esta modificación puntual, que su consenso cristalizará previsiblemente en el próximo pleno, cuando definitivamente se vote la modificación de la Ley de Cajas.

Con esta modificación, se permitirá a las cajas convocar sus elecciones para el sector de los impositores hasta el 30 de junio de 2010, ya que de no producirse el cambio estos comicios deberían producirse antes del 31 de diciembre del presente ejercicio.