Toledo.- La consejera de Administraciones Públicas y Justicia, Magdalena Valerio, reconoció hoy que el "principal escollo" entre la Junta y el Ministerio para alcanzar un acuerdo de traspaso a la comunidad autónomas de las competencias de Justicia está en el "capítulo de inversiones en infraestructura".
La consejera de Administraciones Públicas y Justicia, Magdalena Valerio, durante una rueda de prensa. EFE/Archivo
Valerio, que asistió en Toledo al acto de clausura del V Encuentro de Secretarios Judiciales Coordinadores Provinciales de España, reconoció, a preguntas de los periodistas, que la mayor discrepancia está en la dotación del capítulo de inversiones para infraestructuras.
En este sentido precisó que en Castilla-La Mancha se necesitan once nuevos edificios (palacios de Justicia, juzgados) y en otros ocho ya existentes se requieren grandes reformas, además de retoques en casi todos.
Valerio, que prefirió no ponerle números a estas discrepancias de dinero, "por no ser la mejor táctica negociadora", explicó que además de las nuevas infraestructuras, también se ha de hacer una apuesta importante por las nuevas tecnologías de la información en las instalaciones judiciales.
Por lo demás, "hay bastante acuerdo" en lo referente a gastos de personal, gastos corrientes y transferencias corrientes, en estas últimas se incluyen el pago de los abogados de oficio y los peritos.
"No podemos asumir unas competencias infradotadas", dijo la consejera, quien insistió en que el traspaso de la Administración de Justicia a la comunidad autónoma debe ir acompañada de dinero suficiente, por lo que "hasta que no consigamos los recursos económicos suficientes no cerraremos la negociación".
No obstante, Valerio, que se reunió el pasado miércoles con el ministro de Justicia, ve en Francisco Caamaño, un "talante negociador" y con "muy buena actitud", por lo que confió en cerrar una cifra para el traspaso, aunque la consejera prefirió no dar ninguna fecha para el acuerdo.
"El ministro tiene la intención de dar un impulso a la negociación, también el Gobierno regional", dijo Valerio, quien explicó, asimismo, que paralelamente a la negociación se está avanzando en el Plan Estratégico para la Justicia de Castilla-La Mancha.
Dicho plan es la "hoja de ruta" que servirá de guía cuando se asuman las transferencias porque recoge la realidad y las necesidades de la Administración de Justicia en lo que respecta a recursos materiales, recursos tecnológicos, atención al ciudadano y a los profesionales, infraestructuras y nuevas oficinas judiciales.
Explicó que el plan se está haciendo con la participación de jueces, magistrados, secretarios judiciales, representantes de los trabajadores, Ministerio de Justicia y Gobierno Regional.
"Sabemos lo que hay que hacer en todos los aspectos", lo que permitirá que cuando el Gobierno regional asuma las transferencias el servicio al ciudadano de la Justicia sea "más cercano y ágil".
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