La Paz.- Los peruanos residentes en Bolivia tacharon hoy de "exageración y un exabrupto" las amenazas de las organizaciones sociales de la ciudad altiplánica de El Alto de expulsarlos de esa localidad por la decisión de Perú de otorgar asilo a tres ex ministros acusados de genocidio.
La amenaza de expulsión de los peruanos que viven en la región boliviana de El Alto está motivada porque el Ejecutivo de Alan García ha dado refugio a los ex ministros bolivianos Mirtha Quevedo (en la imagen), Javier Torres y Jorge Torres Obleas. EFE/Archivo
El presidente de la Asociación de Peruanos Residentes en Bolivia (Asperbol), José Luis Quintana, informó hoy a Efe que este organismo solicitó reuniones con los movimientos sociales que exigieron el mes pasado la expulsión de los miles de peruanos que viven El Alto para pedirles que reconsideren esa amenaza.
"Creemos que el pronunciamiento de estas organizaciones es una exageración y un exabrupto porque a Bolivia y Perú por largos siglos nos unen lazos históricos, geográficos y culturales", apuntó Quintana.
El dirigente de la asociación de peruanos alertó que, de cumplirse las amenazas de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Bolivia "aparecería ante la comunidad internacional como un país intolerante y violador de los derechos fundamentales".
Asimismo, afirmó que el pronunciamiento de los movimientos sociales de expulsar a los peruanos "ha despertado en algunos ciudadanos tendencias xenofóbicas".
El consulado de Perú en El Alto denunció a finales de marzo que los dirigentes de la mayor junta vecinal de la ciudad amenazaron con expulsar a todos los ciudadanos peruanos de esa ciudad, si no se revoca el asilo otorgado por el Gobierno de Lima a tres ex ministros bolivianos.
La amenaza está motivada porque el Ejecutivo de Alan García ha dado refugio a los ex ministros bolivianos Mirtha Quevedo (Participación Popular), Javier Torres (Salud) y Jorge Torres Obleas (Desarrollo Económico), quienes llegaron a Lima desde mediados de marzo para evadir el juicio por genocidio iniciado en Bolivia.
En este caso, el principal acusado es el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada por las más de 60 muertes ocurridas durante octubre de 2003, la mayoría en El Alto, durante la represión a una ola de protestas antigubernamentales.
Según Quintana, hay más de mil peruanos registrados en el consulado de ese país en El Alto, pero "por las relaciones históricas y de comercio" esta cifra podría llegar a los diez mil ciudadanos, aunque no estén oficialmente registrados.
El presidente de Asperbol recordó que los residentes peruanos en El Alto contribuyen "al progreso económico, social y cultural" del país y que no participan en las decisiones de su Gobierno.
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