Al menos 34 muertos en los peores disturbios registrados en años en Amazonía

Lima.-  Al menos 34 personas, nueve de ellas policías, han muerto y más de cien resultaron heridas cuando agentes desalojaron hoy por la fuerza a indígenas que bloqueaban una carretera de la Amazonía peruana en protesta por una serie de decretos legislativos.

Según la versión de la Aidesep, principal organización indígena y cabeza de las protestas que duran ya dos meses, eran 5.000 los nativos que bloqueaban la llamada "Curva del Diablo", en un lugar llamado Reposo (provincia de Bagua) cuando la policía cargó a las cinco de la madrugada contra ellos.

Desde helicópteros y desde tierra, utilizando fuego real y gases lacrimógenos, la operación de desalojo duró prácticamente toda la mañana, según señalaron varias fuentes.

Posteriormente, los desórdenes se extendieron por la ciudad de Bagua, donde los manifestantes prendieron fuego a varias oficinas públicas y del partido Aprista (gobernante), y las movilizaciones continuaron esta tarde, en medio de disparos al aire y bombas lacrimógenas, según fuentes del hospital de la ciudad.

La policía acusó a los indígenas de haber utilizado armas de fuego para evitar su desalojo, y según el director de la institución, José Sánchez Farfán, hay nueve policías muertos y 45 heridos.

El general Sánchez Farfán explicó al canal N de la televisión que los enfrentamientos se produjeron después de que sus agentes tomaron el cerro que domina la "curva del Diablo", y alrededor de mil nativos aparecieron y abrieron fuego.

Sin embargo, la Aidesep negó que sus huestes tengan armas de fuego y aseguraron que los agentes fallecieron por fuego cruzado entre los mismos policías que los acorralaban.

El Colegio Médico de Chachapoyas, en la región donde se presentaron los hechos, informó a la emisora que el número de nativos muertos subió a 25.

El presidente de la Junta de Fiscales superiores de la región Amazonas, Oswaldo Bautista, dijo a Efe que la Fiscalía aún no ha establecido una cifra definitiva de muertos, porque están procediendo todavía al levantamiento de cadáveres en tres puntos distintos: Bagua Grande, Bagua Chica y la misma carretera.

La enfermera Teresa Romero, del hospital de Bagua Chica, declaró al Canal N que tienen 40 heridos "todos de bala, han sido balas al cuerpo, a la cabeza, al abdomen, porque ellos (los policías) han querido matar a los hermanos", al tiempo que pidió ayuda, porque el hospital se encuentra "en un caos total, sin camas, con los heridos por el suelo".

Además, los bloqueos de carreteras y las tomas de ductos obligaron a suspender o restringir el bombeo de gas y petróleo, cuyos principales yacimientos están precisamente en las zonas en conflicto.

Por otro lado, el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, invitó a reanudar el diálogo a los nativos amazónicos, pero advirtió que el Gobierno no derogará los polémicos decretos que dieron origen a las manifestaciones.

El ministro se comunicó con Efe para lanzar el siguiente mensaje: "Sentémonos a dialogar, hay una mesa establecida con amplísima representación indígena, queremos dialogar, pero no aceptamos una huelga en la que se atenta contra la Policía", dijo.

Además, el viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, anunció que se denunciará a todos los responsables por las muertes y la destrucción en Bagua, porque "estos no son actos de protesta, sino de destrucción, porque hubo muertos, entre ellos policías y civiles inocentes".

Los nativos protestan desde el 9 de abril contra una decena de decretos legislativos, porque consideran que atentan contra su derecho a ser consultados sobre sus tierras, contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como la declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, ambos suscritos por Perú.

En opinión de los indígenas, se trata de decretos legislativos que vulneran sus derechos, entre ellos el 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y cuyo debate en el Congreso se ha postergado en varias ocasiones, lo que ha exasperado a los nativos.

El presidente Alan García dijo que tras las protestas hay intereses ocultos para impedir el desarrollo del país: "Eso solo le interesa a potencias petroleras que quieren mantener a otros países como compradores de petróleo y no quieren que desarrollen sus riquezas".

Y acusó al líder indígena Alberto Pizango de "haber caído en un nivel delicuencial".