Asunción.- El ex ministro de Interior de Paraguay Sabino Augusto Montanaro, que regresó al país el 1 de mayo pasado tras 20 años de asilo en Honduras, fue dado de alta hoy, pero seguirá hospitalizado hasta que una evaluación psiquiátrica decida si puede ser enjuiciado por delitos de lesa humanidad.
Una ambulancia traslada el pasado 1 de mayo al ex ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro de 87 años a un sanatorio en Asunción (Paraguay). EFE/Archivo
Las autoridades del Hospital de la Policía confirmaron hoy el alta médica a Montanero, de 86 años, quien permaneció hospitalizado en carácter de detenido debido a una insuficiencia respiratoria.
"Él se mantiene estable clínicamente y requiere de terceros para su alimentación, pero la decisión de ir a algún sitio ya depende exclusivamente del Ministerio Publico", dijo a los periodistas el director de ese centro médico, Tito Cabrera.
Hasta el momento la Justicia no se ha pronunciado sobre el eventual traslado del procesado a su residencia o a otro centro de reclusión a la espera de una evaluación mental ordenada por el juez Digno Fleitas, para decretar su comparecencia en juicio.
Fleitas recibió el pasado día 1 los resultados de la tomografía de cráneo y otros análisis a los que fue sometido Montanaro en ese proceso para lograr su eventual declaración sobre los casos que afronta por presuntos crímenes de lesa humanidad y corrupción cometidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Esa evaluación detalla, entre otras cosas, la "capacidad disminuida" que presenta el ex ministro en el plano fisiológico.
Según un primer análisis elaborado a comienzos de mayo pasado por Pablo Ernesto Lemir, director de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y por José Nicolás Lezcano, médico forense, ambos del Poder Judicial, el ex político "puede mantener una conversación en sus niveles más básicos", pero en ocasiones "presenta respuestas confusas".
Montanaro afronta causas por torturas, apresamientos ilegales y desaparición forzada de personas, algunas de ellas dentro de la Operación Cóndor, un sistema instaurado en las décadas de 1970 y 1980 por los regímenes militares en el Cono Sur para reprimir a sus opositores más allá de las fronteras de cada país.
La Comisión de Verdad y Justicia, que se encargó de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Stroessner, indicó en su conclusión, divulgada en agosto de 2008, que al menos 59 personas fueron ejecutadas y otras 336 desaparecieron durante la dictadura.
Además, la Comisión situó en 128.076 el número de perseguidos a partir de 2.069 testimonios de supervivientes y familiares de desaparecidos.
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