Santiago de Compostela.- El Parlamento gallego ha aprobado hoy por unanimidad una proposición no de ley por la que insta a la Xunta a que pida al Gobierno central la titularidad de las autopistas AP-53 (Santiago-Ourense) y AP-9 (Ferrol-Tui) que discurren íntegramente por el territorio de la comunidad autónoma.
El diputado del PSdeG Pablo López Vidal acusó a la Xunta y a la Diputación de Pontevedra, ambas gobernadas por el PP, de mantener un "silencio cómplice" y de estar "arrodillados y sometidos" a la decisión de aumentar la concesión de la AP-9 y de venderla posteriormente entre 2001 y 2003. EFE/Archivo
Además, los diputados instan al Gobierno gallego a que, una vez asumida la titularidad de estas infraestructuras, negocien con las concesionarias de las mismas la mejora de las prestaciones a los usuarios con "especial atención" a las políticas tarifarias.
El diputado del PPdeG Alejandro Gómez, autor de la iniciativa, reprochó a los grupos de la oposición, PSdeG y BNG, que votasen en contra de una iniciativa similar hace dos años, cuando estaban en el Gobierno.
Gómez indicó que esta iniciativa servirá para "recuperar el tiempo perdido" y se preguntó por qué socialistas y nacionalistas cambiaron de posición, a su juicio, cuando hace dos años les pidieron incluso que la retirasen por ser una "desfachatez".
El diputado del PSdeG Pablo López Vidal acusó a la Xunta y a la Diputación de Pontevedra, ambas gobernadas por el PP, de mantener un "silencio cómplice" y de estar "arrodillados y sometidos" a la decisión de aumentar la concesión de la AP-9 y de venderla posteriormente entre 2001 y 2003.
López Vidal también recordó el "ultraje" cometido en la AP-53, según el cual, denunció, un gobierno del PP en la Xunta financió dicha estructura, que es titularidad del Ministerio de Fomento, con más de 60 millones de euros a fondo perdido.
El diputado socialista criticó que el PP "siembra Galicia de carteles y de peajes" y explicó que el PSdeG, en su etapa en la Xunta, los levantó.
La diputada del BNG Teresa Táboas calificó la iniciativa de "puro oportunismo político" y explicó que su formación lleva defendiendo "muchos años la titularidad pública y que se revisen las tarifas" de las autopistas.
Según Táboas, la situación borda el "absurdo y el surrealismo" en el caso de la AP-9, ya que la actual concesionaria, Citigroup, tiene una participación del 36 por ciento del Gobierno de Estados Unidos, por lo que cada vez que los gallegos pagan el peaje contribuyen a la economía pública de ese país y no de Galicia, explicó.
La diputada del BNG recordó que fue el PPdeG en la Xunta el que primero amplió el plazo de concesión de la AP-9 y después la vendió, por lo que le pidió a Alejandro Gómez que no olvide que su partido gobernó durante dieciséis años, ya que se deben creer "que no gobernaron nunca".
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