El Consell concede indemnizaciones a seis víctimas del terrorismo

Valencia.-  El Gobierno valenciano ha aprobado hoy conceder a seis víctimas del terrorismo indemnizaciones por daños físicos, psíquicos y materiales, así como solicitudes de prestaciones asistenciales, todo ello por un importe de 20.734 euros.

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(EFE)

El vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla (d), y el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, durante la rueda de prensa tras la sesión plenaria semanal que ha celebrado hoy el Gobierno de la Generalitat.

Así lo ha anunciado hoy el portavoz del Ejecutivo valenciano, Vicente Rambla, tras la reunión plenaria del Consell, quien ha dicho que, desde 2006, la Generalitat ha indemnizado a 162 víctimas o familiares de las mismas por un importe de cerca de cuatro millones de euros.

Según ha informado, los presupuestos de la Generalitat incluyen para 2009 una consignación que asciende a 1,1 millones de euros con la finalidad de atender las indemnizaciones por daños físicos y psíquicos a las víctimas del terrorismo, como "muestra de la solidaridad y reconocimiento del Consell".

De esta forma, según ha añadido, el Gobierno valenciano pretende ofrecer "su apoyo y respaldo" hacia las víctimas del terrorismo, "a su integración en la sociedad y a su recuperación", a pesar de la dificultad de "superar desgracias tan lamentables fruto de la violencia de las actuaciones terroristas".

El portavoz del Consell ha asegurado, además, que la Comunitat Valenciana fue "pionera" a la hora de desarrollar una Ley de Ayuda a Víctimas del Terrorismo.

Esta norma establece indemnizaciones por daños físicos o psíquicos, reparación de daños materiales, subvenciones y acciones asistenciales de la Generalitat, que corresponderán a las víctimas, familiares más allegados, personas con relación de afectividad análoga a la conyugal u otras personas que convivan de forma estable con la víctima.

Según esta ley, las indemnizaciones se realizarán con ocasión de los actos terroristas que se perpetren en la Comunitat y fuera de la misma, caso, éste último, en el que el Consell concede ayudas excepcionales los valencianos que sean víctimas de los mismos.

Por otra parte, el Ejecutivo valenciano ha aprobado hoy el decreto por el que se dictan las normas de desarrollo para la calificación, registro y fomento de las Empresas de Inserción en la Comunitat Valenciana.

Rambla ha explicado que se trata de una herramienta de "inclusión social" dirigida a fomentar la inserción sociolaboral de las personas en situación de exclusión o con riesgo de padecerla.

El decreto establece, entre otros aspectos, el porcentaje mínimo de participación de las entidades promotoras -un 51% de su capital- social, y también el porcentaje mínimo de trabajadores en inserción, un 30% durante los primeros tres años de actividad y un 50% a partir del cuarto año, siempre que sean un mínimo de tres.

También regula los distintos trámites para acreditar la concurrencia de la situación de exclusión y las obligaciones que se derivan de la condición de "empresa de inserción", entre las que se incluyen la de presentar cada año una memoria de actividades, las cuentas anuales o el informe de gestión.

Además de esto, el Consell ha aprobado un convenio de colaboración con la Asociación de Pozos de Riego y Usuarios de Aguas Subterráneas de la Comunitat Valenciana, para el estudio del control de la contaminación por nitratos en aguas procedentes de la agricultura.

Según ha informado Rambla, la Generalitat destinará este año un total de 35.000 euros para financiar actuaciones dirigidas al control y estudio del nivel de nitratos en el agua de riego, que permitan conocer y minimizar esta problemática, así como las condiciones en las que se aplican el riego y la fertilización nitrogenada en las denominadas "zonas vulnerables".

Entre las actuaciones previstas está la recogida de muestras de agua en las condiciones apropiadas y en las localidades acordadas de las zonas vulnerables, para, posteriormente, facilitar a los asociados los resultados de las muestras y asesorar a las entidades que explotan esos pozos en la reducción del abonado pertinente y establecer las medidas correctoras.

Concretamente, los pozos objeto de estudio se localizarán en los términos municipales de Chiva, Almenara, Quartell, Picanya, Albal, Picassent, Llíria, Tavernes de la Valldigna, Cárcer, L'Alcúdia, Xàtiva, Xeresa, Gandia, Xàbia y Pedreguer.

Asimismo, está previsto evaluar el volumen de agua utilizada por hectárea, la eficiencia de aplicación del riego localizado y el nivel de inclusión de fertilizantes nitrogenados en cultivos.