Santiago de Chile.- El Gobierno chileno anunció hoy que buscará mecanismos legales para distribuir la "píldora del día después" tras el dictamen emitido por la Contraloría que, en oposición a lo indicado por el Ministerio de Salud, prohíbe a los municipios entregar el anticonceptivo.
Las autoridades sanitarias decidieron distribuir el anticonceptivo a través de programas municipales de salud pública. EFE/Archivo
"El Gobierno no va a dejar solas a las mujeres (...) Estamos estudiando arduamente hoy día de qué manera podemos generar condiciones para que este derecho a acceder a la posibilidad de la anticoncepción de emergencia esté disponible para la gente", dijo la portavoz del Ejecutivo, Carolina Tohá, en declaraciones a la prensa.
La ministra aseguró que al Gobierno le preocupan las consecuencias que pueda tener la restricción de acceso a la pastilla que, dijo, "de acuerdo con todos los estudios no tiene efectos abortivos" y solo "es una gran herramienta para situaciones que son excepcionales".
Tohá consideró "inexplicable" y "particularmente doloroso" que en Chile "las personas con recursos puedan seguir accediendo a la píldora en farmacias, pero que toda la distribución en la red pública quede prohibida".
El dictamen de la Contraloría, órgano que fiscaliza la administración pública, afectará a la red de municipios del país, así como a todo tipo de organismos, sean públicos o privados, que suscriban convenios con las entidades que integran el Sistema Nacional de Servicios de Salud.
De esta manera, organizaciones no gubernamentales autorizadas para distribuir la píldora y las clínicas privadas que tienen convenios con la red asistencial no podrán seguir entregando el polémico anticonceptivo de emergencia.
En abril de 2008, el Tribunal Constitucional de Chile, que es un organismo autónomo del Estado, prohibió al Ministerio de Salud incluir la "píldora del día después" en las políticas públicas sobre fertilidad ya que, a su juicio, vulnera la Constitución.
Ante esto, las autoridades sanitarias decidieron distribuir el anticonceptivo a través de programas municipales de salud pública, al considerar que la resolución del tribunal no es vinculante para las municipalidades.
El dictamen de la Contraloría, dado a conocer ayer, indica ahora que el fallo del Tribunal Constitucional también rige para los municipios, debido a que forman parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud.
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