El consejero de Industria cántabro no ha facilitado el listado de empleados porque podría vulnerar la ley

Santander.-  El consejero de Industria, Juan José Sota, ha asegurado hoy que no puede revelar el nombre de los trabajadores de las empresas públicas dependientes de su departamento que le ha pedido el PP porque les ampara la Ley de Protección de Datos y ha subrayado que no tiene nada que "ocultar".

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(EFE)

El consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Juan José Sota. EFE/Archivo

Sota ha explicado que ese listado contiene datos de carácter "privado y personal", por lo que si se lo enviara a la oposición y se hiciera público podría incurrir en "una responsabilidad" y recibir una denuncia de los trabajadores por vulneración de la ley.

El consejero ha explicado que si hubiera una modificación de ese criterio, fijado por los servicios jurídicos de la administración, estará a disposición del Parlamento para facilitarlos.

Sota, quien ha comparecido esta tarde en el pleno para responder a varias preguntas del PP sobre las empresas públicas, ha subrayado que, salvo los nombres de los trabajadores, la oposición dispone de todos los datos sobre las empresas públicas que ha solicitado.

El titular de Industria ha afirmado, además, que el "despilfarro" que critica el PP hay que medirlo en relación con la eficacia de las empresas y con el endeudamiento de la comunidad autónoma, que es el cuarto más bajo de España.

También ha dicho que dos de los trabajadores que cobran los sueldos más altos fueron nombrados por el PP.

La diputada del PP María Antonia Cortabitarte ha criticado la "invasión" de empresas públicas con "objetivos desconocidos" que se ha producido con el Gobierno PRC-PSOE, que, además, ha hecho contratos a 120 personas nuevas, el 99 por ciento en la modalidad de indefinido.

Esta diputada ha reiterado su idea de que estos trabajadores han sido contratados "de forma arbitraria, sin transparencia, a dedo y con sueldos enormemente generosos", que suponen un gasto de 6 millones de euros.

Según sus datos, 69 trabajadores contratados por el actual Gobierno cobran más de 30.000 euros; 20 más de 40.000, 10 más de 50.000 y 13 más de 64.000.

En la misma sesión, el consejero Juan José Sota ha señalado que los trabajadores de GFB cobrarán los salarios pendientes de pago en el momento en que decidan los administradores concursales ya que, como ha recordado, esta empresa está inmersa en un proceso de concurso de acreedores.

Tras ser preguntado por Cortabitarte, el consejero ha descartado que la empresa vaya a abrir el 1 de julio y ha indicado que el Ejecutivo, desde su representación en el consejo de administración, ha propiciado la convocatoria de una reunión en la que el socio mayoritario adquirió el compromiso de aportar fondos antes del 30 de junio.

Por ello, según Sota, "en ningún caso" la fábrica comenzará a funcionar el 1 de julio, porque, una vez aportados los fondos, el proceso "llevaría meses".

Cortabitarte ha censurado el "escándalo" que supone la actuación del Gobierno en la empresa GFB, un tema que, según esta diputada, "va a dar mucho que hablar" aún.

"GFB se ha convertido en una pesadilla de la que el Gobierno no sabe salir", ha aseverado esta diputada, que ha recordado que el Ejecutivo invirtió más de 35 millones de euros "de todos los cántabros" en esta planta.

Ha afirmado que, después de seis años, GFB es "una empresa fantasma" y "sólo hay una inmesa nave" porque "se ha mandado a casa a los trabajadores".