El Gobierno aprobará este viernes el fondo para reestructurar la banca y facilitar las fusiones

MADRID.-  El Consejo de Ministros dará, previsiblemente, este viernes 'luz verde' al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ideado para reforzar la solvencia de las entidades y facilitar las fusiones de cara a mejorar su eficiencia y garantizar su viabilidad futura.

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EP (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros dará, previsiblemente, este viernes 'luz verde' al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ideado para reforzar la solvencia de las entidades y facilitar las fusiones de cara a mejorar su eficiencia y garantizar su viabilidad futura.

La propuesta de reordenación del sistema financiero español remitida por el Ministerio de Economía y Hacienda contempla la posibilidad de que el Banco de España obligue a emprender procesos de integración a las entidades que reciban dinero público del FROB.

No obstante, antes de llegar a esta última fase, la entidad en problemas deberá buscar, en primer lugar, una solución privada que podría ser una fusión; y en segundo lugar, el apoyo de los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) de bancos, cajas y cooperativas, creados con recursos privados, pero que podrán recibir inyecciones de dinero público.

Este respaldo de los FGD, que debería ir acompañado de un plan de reestructuración de la entidad en situación de debilidad, podría concretarse en tres actuaciones: en reforzar su solvencia, en promover una absorción o en el traspaso total o parcial del negocio o de algunas de sus unidades.

Si estas dos opciones se demuestran insuficientes, entraría en acción el FROB, que cuenta con una dotación inicial de 9.000 millones de euros, pero con capacidad de endeudarse hasta 90.000 millones, y cuya función es pilotar las reestructuraciones de entidades y reforzar los recursos propios en determinados procesos de integración.

Así, las entidades financieras que finalmente opten al reforzamiento de recursos propios con apoyo del FROB "tendrán que presentar al Banco de España un plan que prevea procesos de integración que comporten una mejora de su eficiencia y perspectivas futuras", dice el borrador del decreto que Economía trasladó ayer a los grupos parlamentarios.

El fondo de reestructuración estará controlado por una comisión rectora presidida por el subgobernador del instituto emisor, Javier Aríztegui, e integrada por ocho miembros, cinco propuestos por el Banco de España y tres de cada uno de los (FGD). Todos ellos contarán con un mandato de cuatro años renovables.

El FROB apoyará financieramente las fusiones de entidades a través de la compra de participaciones preferentes convertibles en acciones, cuotas participativas o aportaciones al capital social de dinero público. En el caso de las cuotas, podrá superar el 5% del capital de las entidades en situaciones de "especial gravedad".

COMPROMISO DE RECOMPRA DE ACTIVOS EN CINCO AÑOS

La emisión de estos activos se considerará "excepcional" y estará sujeta al plan de integración que las entidades sometan a la aprobación del Banco de España junto con el compromiso de recomprar dichos activos en un plazo máximo de tres años, ampliable a un total de cinco.

El documento incide en que existirán "intensos mecanismos de seguimiento y control" de la ejecución de estos planes de integración, aunque podrán ver modificadas sus condiciones si la situación de la entidad lo hace aconsejable y ésta así lo pide.

Con carácter previo a las fusiones, el fondo solicitará un informe a la comunidad autónoma correspondiente en caso de que las entidades en cuestión sean cajas, mientras que si se trata de bancos, el informe deberá emanar del Ministerio de Economía y Hacienda. El texto no especifica si dichos informes serán vinculantes.

La propuesta que el Ministerio de Economía ha trasladado a la oposición no distingue entre bancos y cajas, por lo que no hace referencia al derecho de veto de los gobiernos autonómicos a las fusiones, ni apunta la necesidad de una reforma de la Ley de Cajas.

No obstante, advierte de que en el caso de que sea necesaria una intervención pública en alguna entidad, el proceso se conduciría según lo estipulado en la Ley de Disciplina e Intervención de las entidades de crédito, que plantea que el Banco de España sustituya a los administradores.

La novedad está en que el supervisor asignaría está función al FROB, que estudiaría la situación y propondría un plan de reestructuración, lo que podría interpretarse como una facultad extraordinaria que deje momentáneamente en suspenso de las competencias autonómicas.

En el caso de que el fondo opta por el apoyo financiero y asuma la gestión de la entidad, en el caso de las cajas de ahorros compraría cuotas participativas con derechos políticos, que no serían en ningún caso transmisibles a posteriores compradores de dichas cuotas.

Si opta por impulsar una fusión, las autorizaciones administrativas recaerían en el Banco de España, que las concedería "implícitamente" en el mismo momento en que aprobase el plan de reestructuración propuesto por el FROB.

Asimismo, los administradores provisionales designados por el Banco de España asumirían la competencia para acordar cada emisión de cuotas, atribución que en la actualidad pertenece a la asamblea general de cada caja, que puede delegarla en el consejo de administración.

27.000 MILLONES DE ENDEUDAMIENTO INICIAL

El fondo contará con un capital inicial de 9.000 millones de euros, aportado en dos terceras partes por el Gobierno, a cuenta de los fondos no utilizados que se preveían para el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), y en un tercio por los FGD.

Asimismo, contará con una capacidad de endeudamiento de tres veces su capital, esto es, de 27.000 millones de euros, con lo que los recursos iniciales se elevan a 36.000 millones. No obstante, esta cifra podría ampliarse hasta 90.000 millones, previa autorización de la ministra de Economía y Hacienda.

El modelo de reestructuración bancaria propuesto por el Gobierno se articula en torno al uso de esta nueva institución del FROB y al de los tres FGD, y responde a las funciones que les reconoce la ley para reforzar la solvencia y el funcionamiento de entidades de crédito en situación de dificultad.