Simon defiende actuación en crisis amazónica y la oposición pide su censura

Lima.-  El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Yehude Simon, defendió hoy la actuación del Gobierno en las protestas de los indígenas amazónicos, que se saldó con la muerte de 24 policías y 10 civiles, y recibió las críticas de los partidos opositores en el Congreso, que pidieron su censura.

Simon, que fue interpelado junto con la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, afirmó que si las bancadas opositoras logran censurarlo se irá "por la puerta grande y con dignidad".

"No venimos a pedir que no nos censuren, eso es decisión de cada congresista. Lo que pedimos es que asuman el voto a conciencia", manifestó el jefe del Consejo de Ministros.

Durante su presentación, que se prolongó durante la mañana y luego continuó a partir de las 14.30 horas (19.30 GMT), Simon afirmó que el Ejecutivo peruano no acepta la violencia como método para resolver los problemas y reafirmó su disposición al diálogo.

El primer ministro dijo que el Gobierno cumplió con mantener el orden público y velar por la paz social al ordenar la represión de las manifestaciones en la Amazonía el pasado 5 de junio.

Denunció, asimismo, que "sectores interesados, impulsados por cálculos políticos" fueron responsables "de haber azuzado a los nativos y campesinos" de la zona.

Estos sectores, alertó, "continuarán buscando muertos para pretender un golpe de Estado, porque lo que realmente quieren conseguir es terminar con la democracia en el país".

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, remarcó, por su parte, que existen "grupos radicales, financiados desde otros países", que impulsan los hechos violentos para implantar "un modelo de caos y anarquía" en el país.

Cabanillas pidió a los partidos políticos que respalden "la democracia" y no alienten "acciones que atenten" contra la estabilidad y el estado de derecho en el país.

Durante su presentación, la ministra aseguró que existe un proyecto "absurdo y enloquecido" que, según comentó, "busca capturar el poder generando para ello protestas y manifestaciones de violencia".

A primera hora, Simon había afirmado que Perú tiene "inmensas fracturas, de responsabilidades históricas" y que, si no se hace el esfuerzo por lograr la unidad, "entonces, no será viable" como país.

El presidente del Consejo de Ministros recordó que asumió el cargo, en octubre pasado, en un país "total y exclusivamente fracturado", pero con la convicción de que el presidente peruano, Alan García, busca la paz y el fortalecimiento a la democracia.

Al discurso de Simon siguió la intervención de legisladores de diferentes bancadas que, en el caso de los grupos opositores, pidieron su renuncia o anunciaron su intención de censurarlo.

Al término de la interpelación a los ministros y el debate entre los parlamentarios, el portavoz de la bancada del Partido Nacionalista, Freddy Otárola, anunció la presentación de sendos pedidos de censura de Simon y Cabanillas.

Otárola manifestó que estos pedidos, que deberán ser debatidos la próxima semana, se basarán en que los ministros no admitieron su responsabilidad en los violentos sucesos, sino que los atribuyeron a los jefes de la Policía.

"Esto es lamentable e inadmisible", remarcó el legislador, quien dijo que la censura será apoyada por el Partido Nacionalista, la alianza conservadora Unidad Nacional, la fujimorista Alianza por el Futuro y las bancadas independientes del Bloque Popular y la Alianza Parlamentaria.

Las comunidades amazónicas iniciaron una gran protesta el 9 de abril pasado para exigir la derogatoria de una serie de leyes que consideraban perjudiciales a sus derechos sobre la tierra y a la consulta.

Solo poco después del 5 de junio, el reclamo de los aborígenes fue atendido por el Ejecutivo, que pidió al Congreso derogar dos de las más polémicas leyes referidas al manejo forestal y el uso de las tierras.

"Lamentablemente, por cuestión de vida o muerte, tomé una decisión que creo que ayudó muchísimo al país y a la tranquilidad", se justificó Simon.

La derogatoria de esas dos leyes desató una fuerte polémica en el Parlamento en torno a los derechos de las comunidades y las modificaciones a la legislación peruana para adecuarla al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.