La Paz.- El Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia cesó hoy sus actividades jurisdiccionales y administrativas al hacerse efectiva la dimisión anunciada hace un mes de la única magistrada que se mantenía en el cargo, Silva Salame.
El vicepresidente del país y presidente del Congreso, Álvaro García Linera, anticipó hace pocas semanas que el Tribunal entrará en suspenso hasta el próximo año, hasta concretar la elección de sus nuevos miembros. EFE/Archivo
"El Tribunal Constitucional hoy ha desaparecido", sostuvo Salame, desde la ciudad sureña de Sucre, sede de sus funciones hasta hoy, en declaraciones al canal de televisión PAT de La Paz.
Salame expresó su preocupación por el destino de cerca de 4.500 demandas que han quedado sin resolver por la parálisis en que se encontraba el órgano desde hace dos años, en parte debido a las denuncias presentadas en contra de sus miembros por el presidente Evo Morales.
La magistrada estaba sola en el TC desde febrero de 2008 por las sucesivas renuncias a partir de 2007 de sus otros cuatro miembros, algunos presionados por una demanda por presunta prevaricación que presentó Morales.
"El Poder Ejecutivo ha realizado una estrategia para descabezar primero al Tribunal Constitucional", dijo Salame, quien recordó que el conflicto comenzó cuando los magistrados admitieron una demanda de la empresa de aviación LAB contra una intervención ordenada por el Gobierno.
La oposición ha acusado varias veces al Gobierno de Morales de haber provocado la dimisión de los magistrados del TC para dejar "sin control constitucional" las reformas políticas y económicas que se están aplicando en el país.
La situación del TC agrava la crisis del Poder Judicial en Bolivia, donde la Cámara de Diputados aprobó recientemente, con los votos mayoritarios del partido de Morales, la suspensión del presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández.
La cámara baja aprobó la investigación de Fernández por su presunta responsabilidad en el retraso del enjuiciamiento al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) por el presunto delito de genocidio.
La nueva Constitución fija que los futuros miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (éste será su nuevo nombre) sean elegidos en las urnas de candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional (equivalente al actual Parlamento) que saldrá de los comicios previstos para el 6 de diciembre próximo.
El vicepresidente del país y presidente del Congreso, Álvaro García Linera, anticipó hace pocas semanas que el Tribunal entrará en suspenso hasta el próximo año, hasta cuando se concrete la elección por votación de sus nuevos miembros.
Las oficinas del TC y un grupo de sus funcionarios pasarán a control de un interventor del Consejo de la Judicatura, órgano que no podrá tomar ninguna decisión jurisdiccional.
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