El nuevo Gobierno de Honduras amenaza con detener a Zelaya por delitos contra la Constitución

Tegucigalpa.-  El nuevo Gobierno de Honduras, aislado internacionalmente, reafirmó hoy que el depuesto presidente, Manuel Zelaya, violó la Constitución y las leyes, por lo que puede ser capturado si regresa al país.

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(EFE)

Según el nuevo gobernante, Roberto Micheletti, Zelaya cometió dichas violaciones al intentar continuar en el Gobierno mediante una Asamblea Constituyente.

Según el nuevo gobernante, Roberto Micheletti, Zelaya cometió dichas violaciones al intentar continuar en el Gobierno mediante una Asamblea Constituyente que pretendía instalar en base a una consulta que iba a celebrar el domingo, a pesar de que fue declarada ilegal por diversos órganos del Estado.

A Zelaya se le acusa de no acatar un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo que le ordenó no celebrar la consulta, declarada ilegal porque la Carta Magna no otorga facultades al Poder Ejecutivo para convocar una Constituyente y porque todo proceso de consulta debe ser dirigido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Micheletti y otros funcionarios del nuevo Gobierno también acusan a Zelaya de autoritarismo y de desatender, por dedicarse a promover la consulta, problemas como los daños del terremoto de 7,1 grados que sacudió el país hace un mes y la incidencia de la gripe A.

Incluso, en las últimas horas se le ha acusado de delitos de narcotráfico.

La Constitución hondureña, vigente desde 1982, prohíbe la reelección presidencial, entre otros artículos "pétreos" o inamovibles, y aunque establece el plebiscito y el referendo, también veta que se convoquen para modificar dichas disposiciones.

Los militares hondureños detuvieron y expulsaron a Zelaya hacia Costa Rica en la madrugada del domingo, horas antes de la consulta, que ni siquiera llegó a empezar oficialmente.

Zelaya, quien hoy se dirige a las asambleas generales de la OEA y la ONU en Washington y Nueva York, anunció ayer en Managua que regresará a Honduras el próximo jueves para completar su mandato, que termina el 27 de enero de 2010.

Pero Micheletti advirtió que si Zelaya regresa, será detenido por orden de la Justicia.

Además, insistió en que "no fue un golpe de Estado, sino una sustitución constitucional", pues en ausencia del presidente y vicepresidente -quien renunció en 2008- la primera magistratura del país corresponde al jefe del Parlamento, cargo que él tenía.

Poco después del derrocamiento de Zelaya, el Poder Judicial lo avaló en un comunicado en el que señaló: "Si el origen de las acciones del día de hoy estaba basado en una orden judicial emitida por un juez competente, su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales".

"Y debe desarrollarse -continúa- contra todo lo que ilegalmente se interponga para devolver al Estado de Honduras el imperio de la ley".

La declaración explicó que, a petición del Ministerio Público, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo libró el pasado viernes una orden a las Fuerzas Armadas para que decomisara todo el material para la consulta popular, en coordinación con fiscales del Ministerio Público.

En ese sentido, la acción de las Fuerzas Armadas "se enmarca en ley", añadió el Poder Judicial.

El mismo domingo, el Parlamento aceptó una supuesta carta de renuncia del depuesto mandatario, denunciada como "completamente falsa" por Zelaya, y posteriormente le destituyó en base al informe de una comisión especial que investigó las actuaciones del entonces gobernante en relación con la consulta.

El nuevo canciller de Honduras, Enrique Ortez, ha reiterado que Zelaya y sus seguidores "iban a convocar la Asamblea Constituyente" mediante la frustrada consulta, que en principio fue propuesta para que los hondureños decidieran si en las elecciones de noviembre próximo se instalaba una urna especial para votar sobre dicha convocatoria.

El Parlamento, el Ministerio Público y la Sala Constitucional del Poder Judicial declararon inconstitucional la consulta de Zelaya, quien finalmente la basó en la Ley del Instituto Nacional de Estadísticas, según el decreto publicado en el diario oficial La Gaceta.

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Adolfo Facussé, dijo hoy que los empresarios pedirán que se investigue a Zelaya por 60 millones de lempiras (unos 3,1 millones de dólares) que fueron encontrados en el despacho presidencial el día en que fue depuesto.