Piden más de cien años en penas por inducir a delinquir a menores de Rumanía

Las Palmas de Gran Canaria.-  La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado más de un centenar largo de años de prisión para un grupo de 25 acusados, muchos de ellos rumanos, a quienes se imputa la introducción irregular en Gran Canaria y Lanzarote de menores de su país a los que se inducía a la prostitución y al robo.

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(EFE)

Una mujer de un grupo de refugiados rumanos lava ropa. EFE/Archivo

Telde, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, en Gran Canaria, y Arrecife, en Lanzarote, eran los lugares de acción de los presuntos delincuentes, que engañaban con falsas promesas de trabajo a sus compatriotas para, una vez en las islas, obligarles, con agresiones físicas si era preciso, a delinquir, se relata en el escrito de acusación de la fiscalía, hecho público hoy.

En el texto se señala como cabezas de la organización a dos rumanos, Aurel Racila y Alexandru Reman, de quienes se explica que, "para conseguir sus propósitos, que no eran otros más que conseguir el mayor beneficio económico posible, traían, facilitando los billetes de avión o de cualquier otro medio de transporte, así como el alojamiento de ciudadanos rumanos, tanto a chicas como a chicos".

Algo que se precisa hacían "a fin de obligar a aquéllas a ejercer la prostitución y a los chicos a que sustrajeran toda clase de productos, especialmente perfumes, botellas de alcohol, ropa y pequeños aparatos de electrónica, tanto en domicilios particulares como en establecimientos comerciales", para obtener luego beneficio con su reventa.

Como ejemplo de la forma de proceder de ambos, en el escrito se refiere cómo a una de las menores traídas a Gran Canaria por Aurel Racila, ante su negativa a ejercer la prostitución, "ordenó que la encerraran en una habitación de un piso de Vecindario durante una semana y privándole casi de comida de agua y de aseo, así como que la agredieran físicamente".

"Finalmente, la menor accedió a que la volvieran a llevar al club de prostitución al que había ido el primer día", se añade.

En el texto se detalla que las prácticas de los máximos responsables rumanos de la organización eran compartidas, en todo caso, por sus supuestos compinches de nacionalidad española, como el propietario de uno de los clubes donde prostituían a las chicas, Miguel Segura Quintana, de quien se indica que explotaba a menores de edad, "a sabiendas, en todo momento, de su cualidad" como tales.

En otro de los ámbitos de actividad del grupo, los hurtos y robos, contaron también con la complicidad, según señala el fiscal, del propietario de una empresa local que se dedicaba a la distribución de tabaco, Gregorio Jacinto Betancor, destinatario de licores y cigarros sustraídos por los subordinados de los primeros.

Delincuentes que se señala llegaron a sustraer, en un solo atraco a un almacén, cajas de tabaco por un valor total de 250.000 euros.

Por todo lo expuesto, el catálogo de delitos de los que se acusa a los 25 imputados en esta causa, varios de los cuales entraron en prisión provisional en 2005, es diverso, incluyendo los de prostitución coactiva y de menores, de porte y tenencia de armas, de hurto, de robo y de receptación, entre otros.

Varios de sus supuestos responsables deberán enfrentarse a peticiones de penas que superan la decena de años de prisión, como en el caso de Aurel Racila, para quien se pide una suma de catorce años de cárcel, pero también en varios más, como Miguel Segura Quintana, para quien se solicitan doce, seis por prostitución coactiva y seis por prostitución de menores.

En similar situación se encuentra otro de los responsables de uno de los clubes adonde llevaban a las chicas, Santiago Ramírez Ojeda, para quien se piden doce años, seis por cada uno de los dos delitos de prostitución de menores de los que se le acusa.