La Fiscalía hondureña acusa a Zelaya de abuso de autoridad y de usurpación de funciones

TEGUCIGALPA.-  El Ministerio Público hondureño reveló ayer los 18 cargos que se imputan al presidente derrocato Manuel Zelaya, entre ellos traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones, y en los que se basa la orden de arresto internacional que ya ha sido remitida a Interpol para su detención, al tiempo que defendió la legalidad de todos los hechos que llevaron a derrocar al mandatario electo.

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Reuters (EUROPA PRESS)

Zelaya

En rueda de prensa, el fiscal general adjunto del Ministerio Público, Roy Urtecho, informó de que ya se ha cursado la orden de arresto a Interpol contra Zelaya, al que se supone responsable de los delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones, entre otros, en relación con su intención de realizar una consulta popular con vistas a una posterior enmienda de la Constitución.

Según Urtecho, citado por los medios locales, Interpol "dará captura" a Zelaya "donde se encuentre". Actualmente el ex mandatario se encuentra en Panamá, donde llegó ayer procedente de Washington. Preguntado sobre por qué no ha sido detenido hasta ahora si se conoce su paradero, el fiscal adjunto "esas ya no son instancias del Ministerio Público".

En este sentido, y tras afirmar que "se presume la inocencia, no se ha condenado al ex presidente de la república, se le siguió una investigación por parte del Ministerio Público y ahora está judicializada", aseguró que "se está brindando a Zelaya toda la protección para que se someta a los órganos judisdiccionales competentes".

"No se le va a violar ningún derecho, puede presentars; hay un debido proceso", aseguró, aclarando que serán la Corte Suprema y el Juzgado Penal los encargados de juzgarle. Entre los delitos específicos se incluye la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez; no enviar en tiempo y forma al Congreso el Progreso General de la República; no transferir fondos al Congreso; así como de varios delitos relacionados con la consulta, como la concesión de fondos para ello.

ACTUACIÓN DEL EJÉRCITO

Por otra parte, Urtecho explicó el procedimiento legal que se llevó a cabo para detener a Zelaya y para su posterior expulsión a Costa Rica. Según el fiscal, la intención del presidente de convocar una consulta era contraria a la Constitución, como había dictaminado la Justicia del país, y puesto que las Fuerzas Armadas son las garantes de la Carta Magna tuvieron que intervenir.

"Las Fuerzas Armadas nos dieron un ejemplo al pueblo hondureño al no acatar una orden ilegal, por eso se dispuso que las Fuerzas Armadas cumplieran la captura del ciudadano presidente", explicó, en referencia a las órdenes que había dado Zelaya al Ejército para que procediera a distribuir el material para la celebración de la consulta popular el pasado domingo.

En cuanto a la decisión del Ejército de sacar al presidente electo del país, Urtecho consideró que con ello "evitaron con un mal menor un mal mayor" puesto que se temía que se produjeran disturbios.

Por último, el fiscal pidió a la comunidad internacional que escuche a las instituciones hondureñas. "La comunidad internacional lo que ha escuchado es una versión de un ex mandatario que ha aprovechado esos campos (la OEA y la ONU) para manifestar su versión, pero ¿le han preguntado al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial cuál es la realidad in situ de este país? No ha sido escuchado", lamentó.

Por ello, Urtecho reclamó que "se respete el derecho de Honduras de hacer lo que la Constitución y la ley establecen". En este sentido, tras acusar a Zelaya de no respetar el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que declaraba ilegal la consulta, denunció que se ataca al Ministerio Público "porque tuvimos el valor de presentar los requerimientos y las demandas en su debido momento".

"Se nos ha mancillado a nosotros, al Ministerio Público, en épocas pasadas y ahí hemos puesto un alto y el pueblo debe entender que no nos vamos a doblegar aunque vengan turbas", aseguró.

Por otra parte, según informa 'La Prensa', el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) está llevando a cabo investigaciones sobre el "despilfarro de recursos" para la organización de la consulta por parte de Zelaya a petición del Ministerio Público. Según el diario, se están auditando los gastos de publicidad y pago de personal, entre otros, informó el presidente del TSC, Renán Sagastume.