Madrid.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha mostrado hoy de acuerdo con el modo de proceder de la dirección del PP en la gestión del "caso Gürtel" en la Comunitat Valenciana, cuyo presidente, Francisco Camps, está imputado por un supuesto delito de cohecho.
"Todo lo que hace la dirección de mi partido me parece bien". Con estas palabras ha respondido la presidenta madrileña a los periodistas antes de asistir a un encuentro financiero internacional organizado por Caja Madrid.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en concreto la Sala de lo Civil y lo Penal, emitió ayer un auto en el que señalaba que existen "suficientes indicios racionales" para imputar a Camps un delito de cohecho impropio, ya que habría aceptado dádivas de la trama corrupta del "caso Gürtel".
Este caso también ha salpicado a los populares en la Comunidad de Madrid, en donde todos los imputados con vinculación al partido han dimitido de sus funciones en la propia formación política.
No ha ocurrido lo mismo en la Comunitat Valenciana, pues tanto Camps como otro de los implicados en la investigación, el secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en Les Corts, Ricardo Costa, continúan en sus puestos aun tras haber sido imputados.
Camps podría tener que comparecer en un juicio oral ante un jurado popular, tal y como establece el citado auto.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado claro que no disiente de la posición de la dirección nacional del PP, que ayer expresó su apoyo al máximo mandatario de la Generalitat valenciana y su respaldo al recurso que ha decido presentar contra el auto judicial del TSJCV.
Sobre el presunto delito que, según el tribunal valenciano, podría haber cometido Francisco Camps, no ha hablado el líder del PP, Mariano Rajoy, quien en su llegada al mismo encuentro de economía internacional de Caja Madrid ha eludido cualquier referencia al respecto.
Asimismo, Aguirre también ha hablado de la reforma del modelo de financiación autonómica, de cuya negociación, ha dicho, le vienen "ecos" que indican que podrían fijar a la baja el nivel de financiación per cápita de los madrileños.
Ha precisado que si antes ésta se situaba en los 2.100 euros por madrileño, cuando el censo en la Comunidad se cifraba en más de cinco millones de habitantes, con el nuevo modelo el nivel podría bajar a 1.900 euros, y con más de seis millones de personas censadas.
Para Aguirre, esta posibilidad es sin duda "un mal negocio", de ahí que haya pedido a su consejero económico, Antonio Beteta, que hable con el Gobierno central "en nombre de los madrileños".
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