Valladolid.- El aumento de la tasa de delincuencia detectado en Castilla y León durante los últimos seis años, un tres por ciento de media anual, no es responsabilidad de los inmigrantes, sino de los ciudadanos españoles que residen en esta Comunidad, según el informe "Efectos económicos de la inmigración en España".
El vicepresidente y consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva. EFE/Archivo
Este documento lo han presentado hoy en Valladolid el vicepresidente segundo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, y el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Pablo Vázquez, como responsable de la publicación, quien ha desmentido varios de los efectos negativos que habitualmente se achacan a los inmigrantes.
En concreto, no ocupan los puestos de trabajo de los nativos de Castilla y León, no corrigen a la baja los salarios y no colapsan los sistemas sanitarios, según el informe de Fedea, que concluye que los inmigrantes, en cambio, están siendo los primeros en padecer la crisis económica por la vía del desempleo, al ocupar principalmente puestos de trabajo con contratos temporales.
"Se están tragando lo peor de la crisis", ha sentenciado el director de esta fundación, creada en 1985 para realizar análisis económicos sobre los diversos problemas socioeconómicos del país.
Vázquez ha remarcado que, a nivel general, la posibilidad de que una persona que tiene un contrato temporal sea despedida es "doce veces superior" a la de otra persona que cuenta con un contrato indefinido, sea inmigrante o no.
Esta es la razón por la que los trabajadores extranjeros están cayendo en el desempleo más rápidamente, porque "están en los sectores 'equivocados'" -construcción y comercio-, a lo que Vázquez ha agregado que precisamente esta circunstancia ha permitido que los trabajadores nativos se hayan podido dedicar a empleos más cualificados.
En este sentido, se ha mostrado partidario de una reforma laboral que unifique las condiciones en un sólo contrato para conseguir ofrecer una estabilidad laboral a los trabajadores y, por otra parte, aminorar los efectos negativos que tiene para las empresas la contratación indefinida, entre los que ha citado la indemnización al trabajador despedido.
El informe especifica que los inmigrantes han realizado una aportación importante al crecimiento económico de Castilla y León durante los últimos años, en una cuantía equivalente a medio punto del crecimiento del PIB detectado en esta Comunidad en el periodo 2000-2006.
Al comparar los salarios que perciben en Castilla y León los inmigrantes y los trabajadores españoles, el informe revela que entre 2004 y 2006 la retribución media de un empleado español pasó de los 16.847 euros a 17.954 euros, mientras que la de un emigrante en el mismo periodo ha pasado de 12.300 a 13.000 euros.
Sobre la repercusión de la presencia de los inmigrantes en el plano educativo, el informe de Fedea explica que Castilla y León está "especialmente bien posicionada, mostrando el ratio de segregación más bajo de toda España en Educación Secundaria y de los más bajos en Educación Primaria e Infantil".
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