Soria.- El diputado del PP por Soria Jesús Posada ha criticado la intermediación "privilegiada" que, a su juicio, han tenido algunas comunidades autónomas en el acuerdo de financiación autonómica.
El diputado del PP por Soria Jesús Posada (en imagen) ha criticado la intermediación "privilegiada" que, a su juicio, han tenido algunas comunidades autónomas en el acuerdo de financiación autonómica. EFE/Archivo
Posada, ministro de Administraciones Públicas en 2001 cuando se firmó el anterior acuerdo financiero, ha recordado en rueda de prensa que en aquella ocasión hubo unanimidad entre las comunidades sobre el sistema de financiación autonómica.
En este sentido, ha justificado la abstención de las comunidades del Partido Popular por la forma y el procedimiento seguido por el Gobierno en la negociación.
"En aquellos tiempos hablamos con todas las comunidades autónomas y cada una sabía perfectamente cómo iba la distribución general", ha recordado.
En la financiación acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, según ha denunciado Posada, algunas comunidades autónomas han tenido una intermediación "privilegiada", en alusión a Cataluña y Andalucía, mientras otras no, como Castilla y León, "con la que se ha hablado tres veces".
Este tratamiento dispar, en opinión de Posada, ha generado una desconfianza entre las comunidades autónomas sobre el resultado final de la financiación, tras lo que ha asegurado que también Extremadura o Castilla-La Mancha se han quejado por no conocer todas las cifras.
Posada, que ha calificado de "complejo" el nuevo sistema, ha reiterado que no se trata mejor a los que menos tienen, "que es lo que pide la solidaridad" y ha apuntado a otros condicionantes políticos que han interferido en el acuerdo, en alusión a la búsqueda de apoyo parlamentario en el Congreso por parte del PSOE.
Posada, que ha defendido la posición mantenida por Juan Vicente Herrera, ha matizado que la abstención de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular es el voto adecuado, porque rechazar el sistema hubiese hecho perder dinero a estas comunidades.
"Renunciar a este sistema tiene un coste que ninguna comunidad puede afrontar porque hay una cantidad adicional -11.000 millones-, que está establecido en el acuerdo que quien lo rechace en el 2013 se podrá revisar su situación pero lo que haya dejado de cobrar entre el 2009 y 2013 no lo cobrará ya nunca", ha explicado.
Por ello, Posada ha manifestado que ninguna comunidad se puede permitir el lujo de renunciar al dinero, lo que a su juicio no es una contradicción.
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